El PP veta cinco iniciativas para impedir que se hable de corrupción

La Mesa de las Cortes Valencianas, con la aquiescencia de presidencia de la Generalitat, lanzó ayer a la papelera cinco iniciativas de la oposición que aludían al caso Gürtel y al fenómeno de la corrupción con el argumento de que incluían "juicios de valor". Se trataba de dos iniciativas de los socialistas y tres de Compromís. Los socialistas solicitaban la comparecencia del director de Ràdio Televisió Valenciana, José López Jaraba, para explicar las contrataciones por la visita del Papa "una vez levantado el secreto del sumario", y también una interpelación al vicepresidente Vicente Rambla para que explicara los viajes al extranjero del jefe del Consell, Francisco Camps. Compromís, por su parte, planteaba la creación de una comisión de investigación para aclarar las relaciones de Camps y otros altos cargos con las empresas de la red de corrupción; preguntaba sobre un contrato en Canal 9 con un productor relacionado con la denuncia de que José Luis Moreno sobornó al ex presidente balear Jaume Matas, y presentaba una proposición no de ley para ampliar las competencias de la Sindicatura de Comptes para fiscalizar mejor a los ayuntamientos, a la Generalitat y sus fundaciones.

Blasco dice en Canal 9 que el PP "debería haber pedido disculpas"

El Consell fragmentó dos servicios con la red corrupta en tres y cinco facturas

El argumento utilizado por el PP para impedir la tramitación no es nuevo. El actual vicepresidente de la Mesa de las Cortes, el popular Rafael Maluenda, lo ha utilizado reiteradamente pese a que son ya varias las sentencias del Tribunal Constitucional que han dado la razón, con años de retraso, a los grupos de la oposición.

El portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que unas horas antes había declarado en Canal 9 que su partido "debería haber pedido disculpas por algunos errores cometidos" y ofrecido "algunas explicaciones" sobre el tema de la corrupción, aseguró, con gesto contrariado, tras una tormentosa Junta de Síndics, que su grupo no está dispuesto a que las Cortes sirvan "para que algunos puedan emitir juicios de valor", y añadió que "no se puede confundir oposición con obstrucción". Blasco puso como ejemplo de "juicios de valor" unos pasajes de la proposición de ley de Compromís que comparaba a un golpe de Estado la manipulación de los mecanismos democráticos de control. No pudo, sin embargo, aclarar qué juicios de valor contenía la propuesta, de seis líneas, del PSPV para que compareciera el director de RTVV.El portavoz de Compromís, Enric Morera calificó de "escabechina de propuestas de la oposición" el rechazo de iniciativas impuesto por el PP. Morera, que acababa de presentar en conferencia de prensa, junto a la diputada Mireia Mollà, una proposición de ley para crear una oficina antifraude, además de la proposición no de ley de ampliación de competencias de la Sindicatura de Comptes rechazada, casi en esos mismos momentos, por la Mesa, acusó al PP de convertir las Cortes Valencianas en el Parlamento "menos transparente de España".

"Están decididos a imponer un manto de silencio", comentó el portavoz socialista, Ángel Luna, "pero evidentemente no lo van a conseguir porque no es posible que las Cortes no puedan preguntar sobre estas cosas". Luna explicó que la comparecencia del director de RTVV fue solicitada por su grupo porque en su anterior comparecencia en el Parlamento se escudó en el secreto del sumario del caso Gürtel para no hablar de los contratos de Canal 9 con empresas de la trama de corrupción. "Vamos a seguir hablando de la trama y de los contratos", señaló el portavoz socialista. "Ellos tienen muchas cosas que explicar y van a tener que dar explicaciones, aquí o en los juzgados, o en los dos sitios a la vez".

Dicho y hecho, Luna, que ya ha revelado varias contrataciones irregulares recogidas en el sumario del caso Gürtel, explicó ayer que la Generalitat pagó en 2005 a empresas de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa 147.024 euros mediante contratos fraccionados para evitar su adjudicación por concurso.

Por una parte, se trata del tratamiento de datos de una guía de la comunicación encabezada por una presentación del entonces portavoz del Consell y consejero de Presidencia, Esteban González Pons. Su departamento fragmentó la adjudicación en tres contratos distintos de 12.020, 10.500 y 12.020 euros con Orange Market, Boomerangdrive y Down Town Consulting, tres empresas de la trama Gürtel. En total fueron 34.540 euros.

Por otra parte, la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, que dirigía ya Alejandro Font de Mora, pagó cuatro contratos de 12.020 euros a la empresa Orange Market, de Álvaro Pérez, cabeza visible de la trama corrupta en Valencia, para la cartelería de un congreso de software libre celebrado en el Palacio de Congresos de Castellón los días 5 y 6 de mayo de 2005. A esos 48.080 euros hay que añadir otros 64.403 correspondientes a una factura por montaje de stands que, sin concurso, pagó directamente Proyecto Cultural de Castellón. "Se aprovechó", explicó Luna, "la mayor opacidad de la facturación a través de las empresas públicas" vulnerando la imposibilidad de adjudicar directamente un contrato por ese importe. Por aquel congreso la trama corrupta cobró un total de 112.484 euros.

Pese a todo, el jefe del Consell tendrá que responder a las preguntas de Luna y Morera sobre el caso Gürtel en la sesión de control de mañana. El portavoz de Compromís, que presentó la pregunta "¿En qué medida están afectando a la economía valenciana los procesos judiciales en los que están involucrados los miembros del Consell?", tuvo que suprimir el final -"en los que están involucrados miembros del Consell"- para que el PP aceptase su tramitación.