"Nos llamaban gitanos de mierda"

Dos años después de los incidentes registrados en el barrio pontevedrés de Monteporreiro, payos y gitanos volvieron ayer a verse las caras en los juzgados a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Pueblo Gitano contra seis vecinos por coacciones, amenazas e injurias. Tras escuchar los testimonios de unos y de otros, el fiscal decidió presentar también acusación -algo que inicialmente no había hecho- por una presunta falta de coacciones y solicitó la imposición de 150 euros de multa para cuatro de los imputados. No quedó claro que los otros dos participaran de las movilizaciones que reventaron el realojo de tres familias gitanas, cuyas chabolas fueron derribadas por orden judicial. La acusación particular elevó la sanción a 13.500 euros.

Los imputados sostienen que sus protestas no fueron por racismo

Los hechos se remontan a marzo de 2008 cuando, a lo largo de mes y medio, decenas de vecinos se concentraron a diario ante la fachada del edificio de la calle Alemania, que el Ayuntamiento de Poio adjudicó a los chabolistas, para manifestar su repulsa al realojo de esas familias. La escalada de tensión llevó a blindar en varias ocasiones las calles del vecindario pontevedrés cuyos residentes custodiaban los movimientos de los tres pisos ocupados por los calés desde ventanas, negocios y la propia calle durante las 24 horas. "No dormíamos, teníamos miedo", recordó ayer María Magdalena Salazar, una de las perjudicadas. "Nos tiraban piedras, palos" y gritaban "¡Gitanos, marchaos!". En condición de afectados también comparecieron Rocío Jiménez y José Antonio Jiménez, que trasladaron a la sala los insultos recibidos, como "gitanos de mierda". En la actualidad, todos ellos residen de nuevo en O Vao.

Por su parte, los vecinos reconocieron su presencia en las movilizaciones -de hecho, entre los acusados están Ángel Mario Lago, José Manuel Dopazo, Laura Noceda y María Darrosa, directivos de la asociación O Mirador que capitaneó la protesta-, pero negaron motivaciones racistas y recordaron la convivencia normal con otras familias de etnia gitana que residen en este vecindario cercano a los 7.000 habitantes. "Había mucha preocupación", explicó Lago, porque los realojados procedían del poblado marginal de O Vao (Poio), un lugar que "todo el mundo identifica con venta de drogas y de objetos robados".

El temor a que estos movimientos delictivos se pudiesen extender por las calles de Monteporreiro fue lo que motivó las protestas porque "nadie quería eso", según declararon. De hecho, uno de los argumentos de la defensa giró en torno a la responsabilidad de las administraciones en todo el proceso de realojos que el Ayuntamiento de Poio consumó sin la colaboración y el conocimiento de los consistorios de Pontevedra y Ponte Caldelas, donde también se acomodaron otras dos familias afectadas por los derribos. Ya antes, Ángel Mario Lago había manifestado que en el banquillo deberían haberse sentado las autoridades municipales de Poio y las de la Xunta. Además, señaló que todas las movilizaciones celebradas "fueron comunicadas a las fuerzas del orden" y las imputaciones anteriores de racismo y xenofobia quedaron archivadas. Como testigos comparecieron también dos policías locales que subrayaron el desarrollo normal de las concentraciones y las desvincularon de cualquier comportamiento racista.