La batalla judicial se traslada a Guipúzcoa

La polémica está servida. De nuevo. La judicatura vasca parece abocada al conflicto en lo que a la elección de sus máximos representantes se refiere. Resuelta la polémica presidencia del Tribunal Superior, la batalla se traslada ahora a la Audiencia de Guipúzcoa, en la que han fijado sus miras las dos grandes corrientes judiciales. Los progresistas no quieren perder el puesto de San Sebastián y los conservadores pretenden arrebatárselo. La solución no se antoja sencilla y sólo un intercambio de cargos con la Audiencia de Álava o la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, las dos últimas plazas pendientes, aparece como argumento sólido para romper el bloqueo del primer proceso.

Pese a su condición de mayoritaria, la APM se ha quedado sin representación

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha lanzado esta semana un órdago en toda regla al presentar de nuevo como candidato por Guipúzcoa a Juan Pablo González. Todo un escollo difícil de salvar en la búsqueda de un acuerdo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si se atiende a las tensas relaciones que a lo largo de su carrera profesional ha mantenido con distintos sectores de la política y la judicatura. Resulta inasumible para el nacionalismo vasco y su única vocal, Margarita Uria, puede tener la llave de la designación.

La insistencia en González tiene una clara justificación, además de la de los méritos académicos y profesionales que atesora. Pese a su condición de mayoritaria entre la carrera, la APM se ha visto obligada a renunciar a la presidencia del Superior que ostentaba Fernando Ruiz Piñeiro. A cambio, se ha propuesto la designación en Guipúzcoa de otro de sus pesos pesados y no está dispuesta a ceder, pese a la animadversión que genera en ciertos sectores. El portavoz nacional de la asociación, Antonio García, lanzó el jueves un aviso a navegantes al exigir, bajo amenaza de recusación, la abstención voluntaria del proceso de Uria y del también vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez-Benítez, a quienes acusa de ser "parte interesada".

Pese al respaldo mayoritario que obtuvo por parte de los jueces vascos en las últimas elecciones a la Sala de Gobierno del Superior, la APM se ha quedado sin cargos de máxima representación en Euskadi y, herida en su orgullo por el supuesto veto a Piñeiro, no parece dispuesta a aceptar cualquier intercambio. Distinta es la lectura que se puede hacer desde la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), que ha ostentado hasta ahora la plaza de San Sebastián con María Victoria Cinto. El relevo al frente del alto tribunal vasco tampoco ha satisfecho sus expectativas, al interpretarlo en clave de "continuismo", y se ha quedado con la presidenta de la Sala de lo Social, Garbiñe Biurrun, como única representante en la cúspide de la judicatura. La Audiencia guipuzcoana se perfila también como irrenunciable en su horizonte. Falta por concretar si Iñaki Subijana será de nuevo su pretendiente.

Contemplado el tribunal territorial por separado, se antoja difícil desbloquearlo, pese a que su presidencia requiere sólo de 11 votos y bastaría con que los dos vocales nacionalistas del Poder Judicial respaldaran a alguno de los bloques mayoritarios. Uria, sin embargo, no es partidaria de González. En teoría, debería de prestar su apoyo a los progresistas, aunque también podría pasarles factura por elegir a Juan Luis Ibarra para el Superior, a pesar de su preferencia por Juan Mateo Ayala.

Es en este complejo escenario, y con una negociación basada en los intercambios como premisa, donde emergen como posibles salvavidas la presidencia de lo Contencioso del alto tribunal vasco y de la Audiencia de Álava. La primera plaza está ya convocada y, si bien nadie ha confirmado aún su disposición a pelear por ella, parece que podría contar con Javier Murgoitio como candidato por JpD. Aunque sólo sea porque es el magistrado más veterano de la sala. La segunda, en cambio, es previsible que quede abierta tras la Comisión Permanente que celebrará pasado mañana el Poder Judicial. La designación de los diferentes puestos podría coincidir en el pleno de junio.