El despido de la interventora tensa la política en Mislata

El alcalde de Mislata, Manuel Corredera, del PP, anunció ayer que contratará una auditoría externa de las cuentas de 2009 después de haber suspendido, la semana pasada, a la interventora municipal, Herminia Llop, "por incumplimiento de las funciones esenciales en su puesto de trabajo". "Quiero conocer cuál es el estado de las cuentas", explicó Corredera, "puesto que no me fío [de la interventora]".

El escándalo saltó el viernes pasado. El primer edil suspendió y abrió un expediente a Herminia Llop, que ejerce de interventora municipal desde hace 20 años. Corredera, que compareció ayer ante los medios, argumentó que la alta funcionaria "no actuaba bien, entregaba los informes tarde y le daba la vuelta a las cosas". Vicente García, portavoz popular, añadió que veían "cosas que no eran muy normales" en Herminia Llop: "Se obstinaba y entorpecía el trabajo del equipo de gobierno desde hacía ya dos o tres años". ¿Por qué, después de 20 años de trabajo una alta funcionaria actuaría así? "Eso mismo nos preguntamos nosotros", contestaron los populares.

PSPV y EU denuncian un sobrecoste de siete millones en cuatro 'parkings'

El caso es que la oposición, integrada por PSPV y EU, defiende que todo el lío nace de un par de informes en los que Herminia Llop señalaba el posible "enriquecimiento injusto" de una empresa constructora, Lubasa, en la construcción de cuatro aparcamientos en el subsuelo urbano. Lubasa, investigada por su supuesta implicación en la financiación ilegal del PP ligada al caso Gürtel, consiguió en 2005 el contrato del consistorio para construir y gestionar los aparcamientos. Tras completar los tres primeros, la empresa acordó con el Ayuntamiento rescindir el contrato. El cuarto quedó en un socavón en el centro del municipio. Herminia Llop, en un primer informe en julio pasado, no puso reparos a la liquidación del contrato. Sí lo hizo en los que redactó después. El PSPV y EU critican que se ha pagado por tres aparcamientos como si fueran cuatro y denuncian un sobrecoste total de siete millones de euros. El PP admite el pago de 14 millones y achaca el sobrecoste a "la imaginación" de la oposición.

Ante la situación, los colegios nacional y provincial de interventores advirtieron de que el decreto por el que Corredera suspendió a su interventora y la acusó de cometer dos faltas muy graves podría suponerle, en caso de prosperar, el fin de su carrera.

Según ambos organismos, la raíz del problema lo provoca el desarrollo de la ley que regula el Estatuto Básico del Empleado Público aprobada en 2007, regulación que permite que el régimen jurídico y sancionador de estos funcionarios estatales se transfiera a cada comunidad autónoma. La valenciana, que es la única que ha desarrollado esta atribución, podría haber transferido el poder sancionador a órganos superiores, pero lo ha seguido manteniendo en los ayuntamientos. Se produce así una singular paradoja: los órganos que deben ser controlados, los ayuntamientos, detentan el poder de sancionar a sus controladores.

Los dos colegios tachan de "inexplicable e inadecuada" esta regulación y se dirigen a los órganos competentes de la Comunidad Valenciana para que de manera urgente rectifiquen la normativa, de modo que la competencia sancionadora recaiga en la Generalitat.