La Zona Franca de Cádiz se estanca en los juzgados

La Zona Franca de Cádiz arrastra todavía una pesada carga. La gestión de Manuel Rodríguez de Castro, del PP, caracterizada por los suntuosos gastos y los extraños negocios, marcó la evolución de este organismo que pretende servir de motor económico de la ciudad y del resto de la provincia gaditana. Su sucesor, Miguel Osuna, también está bajo investigación por no haber cortado por lo sano y haber continuado algunas de aquellas relaciones comerciales.

El caso Zona Franca, la supuesta corrupción del PP al frente de esta importante institución, se ha topado con la lentitud de la justicia. Seis años después de destaparse las supuestas irregularidades cometidas por los dos ex delegados y algunos de sus colaboradores, las dos investigaciones abiertas siguen en fase de instrucción. Un retraso "injustificado", "inadmisible" e "injusto", según la fiscalía, los abogados de la acusación y los propios imputados.

"Llevo cinco años en un banquillo paralelo. Es hora de que se resuelva"

A Rodríguez de Castro, delegado entre 1996 y 2001, se le conoció por su afición a los hoteles de lujo, sus viajes al extranjero y por la alegría con la que usaba la tarjeta de crédito del recinto fiscal sin justificar los gastos. Así, el Tribunal de Cuentas le llegó a condenar a devolver más de 200.000 euros a la Zona Franca. Hasta ahora es la única sentencia que ha tenido en su contra. Porque la investigación abierta en el Juzgado de lo Penal 1 de Cádiz para aclarar su gestión aún espera una resolución judicial que decidirá si habrá o no juicio. Es el conocido como caso Rilco.

A Rodríguez de Castro se le ocurrió montar un portal de comercio electrónico, Rilco, para promocionar la Zona Franca como un centro internacional de negocios. El delegado del PP siempre defendió que era una gran idea. No así la Abogacía del Estado, que interpuso una querella por las numerosas dudas que provocó esta inversión.

La Zona Franca entonces adjudicó este millonario contrato, de más de cuatro millones, a una empresa de Miami de dudosa solvencia, con cuyos dueños, según se demostró después, Rodríguez de Castro mantenía relaciones comerciales. La justicia debe demostrar si, como se le acusa, se apropió indebidamente de dinero público. La Abogacía del Estado cree que parte de la inversión del portal Rilco acabó en cuentas del ex delegado.

Todo lo debe resolver un juicio, pero éste no se pone en marcha. La culpa la tiene un informe pericial del que se han elaborado ya cuatro versiones. La última de ellas acaba de culminarse y valora el portal Rilco por encima de los cinco millones, por lo que justifica las altas cantidades pagadas por él, aunque duda de que la empresa de Miami fuera la idónea para adjudicarle el contrato. La fiscalía podría ahora modificar sus acusaciones.

En similares circunstancias está el caso Quality Food. La Zona Franca, durante la etapa del PP, apoyó a bombo y platillo el nacimiento de una empresa de alimentación que puso en marcha el ex militante popular Manuel García Gallardo. El PP reconoció después que el experimento le salió rana. García Gallardo está acusado de fraude, apropiación indebida y estafa. La investigación, atascada por falta de medios y la acumulación de pruebas, trata de aclarar si se quedó con dinero de subvenciones ocultadas en una caja B de la compañía. "Llevo más de cinco años sentado en un banquillo paralelo. Es hora de que se resuelva. Si creen que debe haber juicio, que lo haya. Pero que sea ya", reclama García Gallardo.