Una pareja gay se niega a diferenciar al padre biológico

Los padres de gemelos nacidos en California de un vientre de alquiler se oponen a la decisión de la fiscalía de modificar que ambos, una pareja gay valenciana, figuren como progenitores biológicos de los menores. La fiscalía quiere inscribir a uno como progenitor y que el otro adopte a los niños.

Su abogado, Manuel Mata, ha presentado un escrito en el que explica las razones que amparan la actuación de la Dirección General de Registros y Notariado (DGRN) en contra de lo que sostiene la fiscalía. El ministerio público ha iniciado, a través de una demanda en el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia un procedimiento que obligaría a que uno de los miembros del matrimonio deje de figurar como padre de los pequeños.

La pareja acudió a la técnico de reproducción humana asistida en California. Allí es legal la reproducción en vientre de alquiler. En España no. Nacieron dos bebés y fueron inscritos en el registro de San Diego como hijos del matrimonio valenciano. Ese registro fue aportado a la DGRN y esta inscribió a los menores de acuerdo con el artículo 81 de la ley del Registro Civil. Lo único que exige ese artículo es que el documento sea original. Y añade que "lo es también el documento auténtico extranjero con fuerza en España con arreglo a las leyes o tratados internacionales". La fiscalía cree que esa inscripción se hizo en fraude de ley. Considera que debe aplicarse el artículo 80, que obliga a comprobar que el contenido de los documentos se ajuste a la legalidad española.

Los padres de los pequeños rechazan la posición de la fiscalía. Consideran que "la fiscalía pretende que los menores gemelos queden excluidos del Registro Civil, dejen de tener padres, con la curiosa pretensión de que quien fue donante se atribuya la filiación y su cónyuge lo adopte". El abogado califica la situación de kafkiana y afirma que es la fiscalía la que crea un problema para llegar a una solución que, en realidad, es la situación que ahora tienen los bebés.

La fiscalía, en cambio, piensa que debe ser un juez quien determine si la forma en la que han sido registrados los niños es legal o no.