Justicia enseña su oficina judicial a un mes de que entre en vigor

El próximo 5 de mayo entran en vigor las reformas procesales aprobadas, en buena medida, en función de la nueva oficina judicial. Esta nueva forma de repartir los recursos judiciales, de atender a los usuarios, de recorrido de las causas y de modificación de algunas de las competencias de los agentes judiciales, especialmente de los secretarios, así como de los funcionarios, es competencia de la Generalitat.

Ayer presentó su proyecto de implantación a cuatro años y una inversión de siete millones. Lo hizo ante la cúpula judicial y representantes de los sindicatos, y, según dijo la consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, "todos han manifestado su disposición a colaborar". Sánchez de León anunció inmediatas reuniones sectoriales y con los partidos judiciales. Varias veces reiteró su voluntad de aceptar modificaciones, guante que recogió Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien aseguró que en la reunión se había expresado que les permite que puedan "intercambiar proyectos, criterios, siempre que sea para mejorar".

Sánchez de León expuso un proyecto marcado por la formación, la adecuación de las infraestructuras judiciales, la reclasificación de los funcionarios, la optimización de los recursos, la implantación de la mediación y la utilización del expediente judicial. Sánchez de León reconoció que la negociación más importante tiene que ser con los sindicatos.