¿Todos corruptos?

La existencia de escandalosos casos de corrupción, como el caso Gürtel o el Palma Arena, son buenos argumentos para que la derecha recalcitrante y la izquierda aguada denigren a la clase política apenas sin excepción.

Se trata de una maniobra peligrosa. El desprestigio de los partidos políticos conduce a una sociedad despolitizada, caldo de cultivo en el que crece la extrema derecha, como se ha visto en las recientes elecciones italianas y francesas.

¿Por qué arrecia ahora esta ofensiva de denigración de la clase política en general?

Porque a la derecha le conviene, ante el negro panorama que reflejan los 50.000 folios del sumario Gürtel, o el escandaloso enriquecimiento del ex presidente balear Jaume Matas. Dos casos que golpean fuerte al PP, el partido que, según sus dirigentes, era incompatible con la corrupción.

Nada mejor, pues, que extender la sospecha de que la mayoría de los políticos son corruptos. Pero vayamos a los datos: el fiscal general Cándido Conde Pumpido afirmaba en noviembre del pasado año en el Congreso que había en ese momento abiertas 730 causas judiciales por corrupción, entre un colectivo de 66.000 concejales. Es decir, alrededor de un 1% de los ediles eran considerados sospechosos por la fiscalía. Un porcentaje similar o inferior al de cualquier otro grupo profesional. En cinco años (2004-2009), la policía judicial ha detenido a 943 personas acusadas por esos delitos, entre políticos, funcionarios y empresarios.

La corrupción es sin duda un cáncer, pero la clase política en su conjunto no está afectada de metástasis.

¿Cómo atajarla? El pasado 1 de noviembre, este periódico informaba de que socialistas y populares estudiaban pactar cambios en el Código Penal, la Ley de Financiación de los Partidos, la del Tribunal de Cuentas y la nueva Ley de Gobierno Local, para atajar el cáncer de la corrupción.

Es bueno que los dos principales partidos acuerden nuevas medidas contra los corruptos. Pero ojo hasta dónde llega ese pacto. Porque una de las propuestas a estudio es la de sustituir a los políticos por técnicos en las áreas más sensibles de los ayuntamientos, por ejemplo, el urbanismo. ¡Como si los técnicos estuvieran inmunizados contra el soborno!

En este clima, el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, mientras defiende a presuntos corruptos como su amigo y ex tesorero del PP Luis Bárcenas, lanza otro pacto para disolver los ayuntamientos atacados por el virus de la corrupción. Loable iniciativa si no fuera porque señala sólo los casos en los que tiene posibilidades de reconquistar la alcaldía, El Ejido o Estepona, pero se olvida de los sitios donde gobierna su partido, como Alhaurín el Grande. Al alcalde popular de este pueblo malagueño, Juan Martin Serón, le pide el fiscal cuatro años y medio de prisión y siete a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra.

Y es que ningún partido está inmunizado contra la corrupción. Ni siquiera el PP: a finales del año pasado, este periódico informaba de que, en los últimos cinco años, 90 cargos públicos del PP habían sido imputados frente a 33 del PSOE.

Hay corruptos en todos los partidos. Sólo que ahora el cáncer se extiende en el corazón del PP, como en su día devoró al PSOE. Aunque el volumen del fraude en Filesa (6 millones) es 20 veces menor que el de Gürtel (más de 120 millones).

A pesar de que entre la trama Gürtel y las 11 causas judiciales abiertas en Baleares hay implicados casi dos centenares de cargos vinculados al PP, no debemos concluir que todos son corruptos. O sostener tabernariamente que todos los políticos son iguales.

Hay muchos, sí, pero no tantos como para despotricar del sistema democrático y pedir que nos administren los técnicos. Un peligrosísimo viaje al pasado que podría terminar en aquello del partido único.