La Junta deja sin aclarar las dudas sobre el pago de la deuda histórica

El debate sobre la liquidación de la deuda histórica de Andalucía va a seguir vivo. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, desveló ayer en el Parlamento andaluz parte de los datos del acuerdo de liquidación alcanzado con el Gobierno el pasado 19 de marzo, como el nombre de la empresa que tasó la sociedad estatal Agesa -uno de los objetos de pago- para la Junta. Pero Aguayo eludió dar detalles y emplazó a solicitar la información por el artículo 7 del Reglamento de la Cámara [vía para recibir datos por escrito], con lo que mantuvo la incertidumbre sobre el valor real de los solares y de la empresa entregada por el Estado para cumplir con la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía.

La firma cifró en 334 millones el valor de Agesa por falta de datos

Valoraciones Generales Lógicas SL, una empresa radicada en Palomares del Río (Sevilla), que tenía dos empleados en 2005 y que no está homologada por el Banco de España como tasadora, valoró Agesa inicialmente en 334 millones de euros, según explicó Martínez Aguayo, frente a los 599 millones en los que el Estado tasó esta compañía que gestiona los activos de la Expo. Finalmente, el acuerdo tasó Agesa en 509 millones. La Junta dijo que no es necesario que la empresa esté homologada salvo en tasaciones hipotecarias. Tinsa, que sí está homologada, valoró el resto de los terrenos cedidos. Los principales activos de Agesa son solares en la Isla de la Cartuja.Para justificar el valor final de Agesa, Martínez Aguayo dijo que la valoración de la tasadora sevillana, por 334 millones de euros, contemplaba coeficientes de minoración propios de las relaciones entre privados, que no son comunes entre las Administraciones. Asimismo, resaltó el valor estratégico de los terrenos de Agesa, incluidos en el Parque Tecnológico Cartuja 93, y no los valores actuales de mercado. También dijo que el periodo de vida útil de los activos de Agesa se elevó a 35 años.

Igualmente, justificó la tasación inicial de Valoraciones Generales Lógicas en que desconocía algunos datos sobre alquileres y derechos de suelo de Agesa (su principal actividad), que tampoco conocía los activos financieros, y que no pudo valorar una finca.

Martínez Aguayo defendió el "rigor probado" de la empresa elegida, de la que dijo tiene "bastante experiencia en Sevilla y en el ámbito de la Cartuja", y acusó al PP de poner en duda la capacidad de las empresas que trabajan en Andalucía.

La consejera dijo que la valoración final de 509 millones se obtenía de los 461,8 millones de euros de la tasación final, más 47,5 millones de activos financieros. Esa cantidad contrasta con los 52,5 millones de activos financieros y tesorería que recogía el acuerdo hecho público el pasado 19 de marzo. Los dos millones de euros en metálico que se contemplaban en el acuerdo de ese día, ayer se cuadraron en 1,9 millones. El diputado del PP, Carlos Rojas, acusó a la consejera de haber tasado la deuda histórica "como más ha convenido", y calificó el acuerdo de "timo histórico". Rojas cuestionó las tasaciones de Agesa y señaló que los solares cedidos tienen "cargas de todo tipo y tremendas dificultades de liquidación". El diputado popular requirió a la consejera el informe de adjudicación de la tasación, con fecha de encargo, preguntó cuantas tasaciones de Agesa se han realizado, y reiteró que Valoraciones Generales Lógicas no está registrada por el Banco de España como empresa tasadora. El diputado calificó de "desverguenza" el que la Junta haya escondico el nombre de la empresa tasadora desde el pasado día 19 y aseguró que llevaran a los tribunales la tasación cuando vean el expediente.

La consejera sólo contestó a esta última cuestión, indicando que la homologación del banco emisor sólo es obligatoria para tasaciones hipotecarias y no para esta cuestión. Para el resto de preguntas, conminó al diputado Rojas a que pida la información al Gobierno por escrito a través del artículo 7 del Reglamento de la Cámara.

Además, Martínez Aguayo cuestionó el recurso presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional (TC) por la liquidación de la deuda, del que dijo es simplemente fruto de "la política de propaganda que realizan alrededor de la deuda histórica", "un acto de cinismo" y que por ello no han solicitado la suspensión cautelar del acuerdo ante el TC.

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, indicó que la deuda histórica "sigue viva", y calificó las explicaciones dadas por la consejera como "una liquidación contable muy dudosa". Valderas acusó al Gobierno central de querer "enchorizar" a Andalucía con las valoracione iniciales y de intentar "dar gato por liebre" en un ejercicio de "trilerismo político". Finalmente, el diputado de IU insistió en que si los votos lo permiten volverán a reivindicar la deuda histórica y a "ponerla encima de la mesa" en la próxima legislatura.