El PSOE asume que tendrá que aprobar las leyes locales en solitario

Conforme avanza el calendario de discusión parlamentaria de las llamadas leyes locales -la de Autonomía Local y la de Participación en los Tributos de la Comunidad- también crece el escepticismo del Gobierno acerca de un acuerdo con la oposición. Si hace un mes los socialistas y particularmente el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, confiaba en sumar los votos de Izquierda Unida a los de la mayoría absoluta del PSOE, ayer se mostró "bastante escéptico" de alcanzar un acuerdo no ya sólo con el Partido Popular, sino también con la federación de izquierdas. "IU, al pedir la retirada de los proyectos de ley, se ha metido en ese carro", aseguró ayer Pizarro en conferencia de prensa al término del Consejo de Gobierno.

Griñán da orden a los consejeros de que apliquen el criterio de austeridad

El pesimismo del responsable de Gobernación, que ahora también lo es de Justicia, se basa en las peticiones al alza de IU, cuyo coordinador general, Diego Valderas, reclama aumentar hasta los mil millones de euros los fondos incondicionados que recibirán los ayuntamientos andaluces. La cantidad prevista por el Gobierno andaluz es de 600 millones hasta 2013, de los que el 70% (420 millones) figurarán en los presupuestos de 2011.

Pizarro consideró "necesario" un acuerdo para los dos proyectos de ley porque afectarán a los 771 municipios de la comunidad y expresó su deseo de que las propuestas de mejora planteadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sean asumidas por PP e IU. En este sentido, el presidente de la FAMP, Francisco Toscano, expuso ayer en comisión parlamentaria un total de 39 iniciativas de modificación de las leyes locales.

Esta institución considera insuficientes las normas. La FAMP reclama un blindaje de las competencias de los ayuntamientos y la eliminación de cualquier tutela de la Administración autonómica sobre la local. "Debo entender que las propuestas de la FAMP cuentan con el apoyo de los representantes de todos los partidos. Ojalá esas 39 propuestas fueran asumidas por PP e IU", señaló Pizarro.

Por otro lado, el Gobierno ha pospuesto una semana la remodelación de las estructuras de ocho consejerías tras la última crisis del Ejecutivo. Eso quiere decir que hasta el próximo martes no se conocerá con exactitud la reducción del número de altos cargos, según informó la consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno.

El asunto fue abordado ayer en la reunión del Consejo de Gobierno, siguiendo el camino inverso al habitual. Lo normal es que estos asuntos se traten antes en la reunión de viceconsejeros (el llamado consejillo) y luego pasen por la mesa del Consejo. ¿Por qué cambiar la costumbre? Entre otros motivos, para que a los consejeros les quede claro la orden del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de que es necesaria una estructura con criterios de "austeridad, eficacia y mayor oportunidad", señaló Moreno.

Los mismos criterios de austeridad y reducción se quieren llevar a las empresas públicas de la comunidad, si bien por ahora no hay ningún avance concreto. Según Moreno, "habrá novedades" en la remodelación del sector público andaluz en la que trabaja la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

Entre la tanda de nombramientos aprobada ayer destaca el del periodista Francisco Perujo, que deja la Agencia para el Desarrollo del Flamenco, como director general de la Oficina del Portavoz.

José Antonio Ortiz Mallol, ex viceconsejero de Justicia, pasa a la secretaría general de Administración Pública, y la ex delegada de Obras Públicas en Almería, Alejandra Rueda, ha recalado en la gerencia del Servicio de Empleo.