Dos empresas ganan 3,5 millones con terrenos para ampliar colegios

Comprar para luego revender los terrenos colindantes con los centros educativos de La Vila Joiosa se ha convertido en uno de los negocios inmobiliarios más rentables en la capital de La Marina Baixa. En sendas parcelas contiguas al colegio Mare Nostrum y al instituto Marcos Zaragoza, las mercantiles Birmingham Inversiones y Alicantina de Mediaciones Inmobiliarias, SL obtuvieron 2,1 y 1,4 millones de euros respectivamente de plusvalías por las operaciones de reventa del suelo destinado posteriormente a la ampliación de ambos centros. Y en ambos casos la empresa Valdeprocasa aparece como la última compradora para luego recibir del consistorio aprovechamiento urbanístico en planes parciales del término municipal a cambio de la cesión de los solares.

Las parcelas tenían calificación de zona verde y dotacional cultural docente

Las parcelas objeto del pelotazo estaban calificadas como zona verde, en el caso del Mare Nostrum, y dotacional cultural docente de la red primaria en el Marcos Zaragoza, así que sólo se les puede reconocer edificabilidad a efectos valorativos. ¿Por qué querría alguien invertir en comprar suelo donde no se puede construir si no sabe de antemano que está prevista la ampliación de los centros escolares? "Son demasiadas casualidades como para no pensar que ha habido un uso indebido de información", responde la concejal socialista Pepa Llorca.

El Ayuntamiento de La Vila, gobernado por el PP, está ultimando el proceso de expropiación de 13.563 metros para cederlos a la Consejería de Educación, que pretende ampliar el IES Marcos Zaragoza. Alicantina de Mediaciones Inmobiliarias compró en ese ámbito dos parcelas que suman 3.529 metros en mayo de 2004 por 899.498 euros y las vendió a Valdeprocasa por 2.258.563 euros el 29 de diciembre de 2006. En año y medio, Alicantina obtuvo más de 1,4 millones de plusvalía sin desembolsar ni un euro, ya que hicieron la compra con una hipoteca de la CAM de 400.000 euros y el resto del importe se cuantificó en una obligación de obra futura. Luego, Valdeprocasa compró a Alicantina de Mediaciones Inmobiliarias las dos parcelas que ahora le han sido expropiadas subrogando la hipoteca y la obligación de entregar obra futura adquiridas por Alicantina, así como entregando un pagaré de 1,4 millones con vencimiento el 26 de diciembre de 2007.

El propietario del número 13 de esta calle protestó por el cambio de criterio municipal -él ya había levantado un edificio de cuatro pisos-, pero no sirvió de nada. El consistorio, que preside Rita Barberá, justificó la recalificación en alturas de estos edificios en la costosa operación prevista en el Parque Central, que asciende a 804 millones de euros. En total, la recalificación en la calle de Gibraltar le ha proporcionado al Ayuntamiento unos ingresos de 3,46 millones de euros, según fuentes municipales. Esta cantidad se ingresó en 2008 y no se ha dado parte a la Sociedad Parque Central.

Todos los propietarios afectados han pagado excepto dos: uno que adeuda alrededor de 340.000 euros y el del número 13, que construyó el bloque de cuatro alturas no hace muchos años. Como resultado, cuando se levanten todos los edficios se verán grandes medianeras que se proyectarán hacia el barrio de Russafa.

El consistorio concedió en julio de 2008 la primera licencia de construcción tras la recalificación de la calle de Gibraltar. Más tarde,sobre este solar se levantó la nueva sede del CSIF -en el número 11-. Fuentes municipales indican que esta organización consiguió en un tiempo record la licencia de edificación, en apenas tres meses. El 14 de diciembre de 2009 se pidió la licencia de primera utilización, así como un proyecto modificado que, de nuevo, se resolvió con celeridad. Apenas cinco días después de entregar la última documentación necesaria -el 14 de enero del año pasado-.

Precisamente esta recalificación fue objeto de controversia entre el gobierno local y la oposición. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia presentó alegaciones al planeamiento del Parque Central, pero todas fueron rechazadas por el PP, partido que gobierna la Corporación local. En primer lugar pidieron que se dejara sin efecto la actuación aislada por la que se variaron las alturas en la citada calle. En esas alegaciones, los socialistas reclamaron además que varias de las parcelas vacante de la vía de Gibraltar se destinasen a equipamientos públicos, dado que el barrio de Russafa aparece en el PGOU sin suelo para dotaciones comunes.

La operación de Parque Central se paga con 75 millones de euros que debe aportar la Generalitat -todavía no lo ha hecho-, los 419 que pone Fomento y los 310 millones que se ingresarán de las plusvalías derivadas de la construcción de edificios.