La Junta ha abierto 6.326 expedientes urbanísticos
La Junta lleva impuestas sanciones urbanísticas por valor de 8,7 millones de euros desde 2005, cuando se puso en marcha el cuerpo de inspectores del territorio, hasta 2008. En este periodo, la Dirección General de Inspección de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Vivienda ha incoado un total de 6.326 expedientes de disciplina urbanística, cuya tramitación corresponde a los inspectores. En ellos se contemplan tanto las actuaciones de inspección y tramitación de denuncias como expedientes de revisión de oficio, impugnaciones, expedientes sancionadores y de restablecimiento de la legalidad.
Estos datos fueron aportados en una respuesta a la pregunta parlamentaria escrita formulada por la diputada del PP María Teresa Ruiz-Sillero. En el informe se explica que los expedientes sancionadores se encuentra en diferentes estadios de procedimiento recaudatorio.
Ruiz-Sillero consideró que la Junta "oculta datos" con estas respuestas "tan insuficientes", toda vez que "el PP hizo cinco preguntas muy concretas pidiendo información detallada sobre las diferentes provincias, preguntando por el número de expedientes de restauración de la legalidad urbanística".
"Ante eso, sólo me contestan con la cifra general de sanciones y no concretan en qué provincia se han incoado esos expedientes, quieren ocultar datos", agregó la diputada popular, quien prevé formular nuevas preguntar para concretar aún más los datos.
La diputada lamentó que con este tipo de respuestas "se demuestra que se responde con evasivas tratando de ocultar información y de ocultar cuál es la realidad urbanística en Andalucía".
"Dejadez e ineficacia"
Ruiz-Sillero, además, criticó la "dejadez e ineficacia" de la Junta ante los grandes problemas urbanísticos existentes en Andalucía, de forma que con esos datos "no han querido detallar más, lo cual es muestra e indicio de dejadez competencial y de que al PSOE no le interesa esa protección del medio ambiente y poner orden en el mundo urbanístico".
Asimismo, denunció que la Junta "siempre quiere achacar los desmanes urbanísticos a los ayuntamientos y no quiere ejercer sus competencias para proteger el territorio y el medio ambiente". En su opinión, la inspección y los controles "se deben hacer con carácter disuasorio". "Ocurre como en el tráfico, en cuanto alguien paga una multa no vuelve a correr, por lo que, si no hay efecto disuasorio y no hay multas, se produce una dejadez y no se terminan los expedientes", agregó.
