Amenazas al PSPV por investigar las adjudicaciones a la familia de Cotino

Los socialistas han recibido amenazas y recomendaciones para que dejen de insistir en la reclamación de información sobre los contratos de la Generalitat con la empresa Sedesa, de la familia del vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino. La empresa está dirigida por Vicente Cotino, un sobrino del consejero que figura en las investigaciones del caso Gürtel.

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, aseguró ayer que tiene la convicción de que ha habido "tramitación irregular, tráfico de influencias y trato de favor" en las contrataciones de la empresa Sedesa con la Generalitat. "Tenemos la convicción, aunque no las pruebas", puntualizó Luna, "pero las vamos a buscar".

Luna compareció en las Cortes con el diputado socialista Francesc Signes, que explicó que ha recibido "sugerencias" y "amenazas" de un cargo público y de una sociedad privada para que no insista en reclamar información sobre 53 adjudicaciones efectuadas por la Generalitat a Sedesa entre 2000 y 2010 por un total de 830 millones de euros. Signes, que solicitó en octubre de 2009 los expedientes de los contratos a media docena de consejerías de la Generalitat (Hacienda, Infraestructuras, Medio Ambiente, Sanidad, Agricultura e Industria), recibió como respuesta los pliegos de condiciones de 47 de esas adjudicaciones y poco más. Por ello, el 12 de febrero volvió a reclamar la "información relevante de los expedientes", como ofertas presentadas, informes técnicos, actas de las mesas de contratación y contratos suscritos. Sin embargo, todos los departamentos le han contestado, con fecha del pasado día 25 de marzo con la misma frase: "Le comunico que la información relevante ya le fue facilitada al ilustre diputado".Francesc Signes se preguntó "qué se esconde tras esa negativa a ofrecer la información" y Luna recordó que el sobrino del consejero Cotino, como responsable de Sedesa, es citado en el informe policial sobre supuesta financiación irregular del PP valenciano junto a Álvaro Pérez, El Bigotes, Pablo Crespo y Pablo Collado, de la trama Gürtel, y el ex director general de RTVV Pedro García, en relación con un intento de comprar la empresa Easy Concept, de la red de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión.

"Mientras el delito sea perseguible, lo vamos a perseguir", advirtió Ángel Luna, que señaló que su grupo ha recibido advertencias de posibles querellas si persiste en reclamar datos sobre Sedesa. El diputado hizo un llamamiento a quienes poseen información sobre las adjudicaciones a la empresa para que la faciliten a los socialistas, que ya están recibiendo algunas informaciones sobre el tema. A preguntas de un periodista, Luna negó haber pagado nunca por información alguna, y tampoco por el informe policial que esgrimió la semana pasada en las Cortes, por el que ha sido denunciado por el PP, pero añadió que si algún documento aportara un beneficio sustancial para los ciudadanos, estaría dispuesto a pagarlo de su bolsillo.

Luna situó los documentos que el Consell les niega sobre Sedesa "al mismo nivel de oscurantismo y de ocultismo" que los de la trama Gürtel. "Si nos cierran la vía parlamentaria", añadió el portavoz socialista, "que no se extrañen de que vayamos a los tribunales y no nos acusen de judicializar la vida política. Buscaremos pruebas por todos los medios posibles".

Signes, a su vez, dijo que no se dejará amedrentar por las amenazas y que "el PSPV-PSOE no va a parar hasta obtener y estudiar los expedientes que el PP esconde".

El portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, acusó, horas después, a Luna de "hacer apología de la ilegalidad" por anunciar que pagaría de su bolsillo pruebas sobre las irregularidades en las adjudicaciones a Sedesa.