El Gobierno catalán será un accionista clave de Spanair

El Gobierno catalán tendrá una presencia directa en el accionariado de la aerolínea Spanair cercana al 6,5% cuando la compañía culmine la ampliación de capital anunciada para este año y lo eleve a un total de 150 millones de euros. Sin embargo, la sombra directa de la Generalitat sobre el accionariado puede elevarse al 19,9%, si Ferran Soriano, presidente de Spanair, no logra sumar a nuevos empresarios privados al proyecto en los próximos meses. El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) se ha comprometido a dar un paso al frente con una eventual "participación temporal".

La mayoría del capital de Spanair será, en cualquier caso, privada, pero el Gobierno catalán puede acabar siendo uno de los principales accionistas de la aerolínea, si no el primero. La compañía -que confía en ganar atractivo con la cura de adelgazamiento que ha reducido sus abultados números rojos y su tamaño en aviones, plantilla y costes-, enfatizó ayer que, al menos por ahora, no está previsto que en su consejo de administración se siente ningún político, sino independientes.

Esta presencia del Gobierno autónomo funciona al margen de la presencia pública indirecta existente en el seno de la sociedad IEASA, un amalgama de entidades e instituciones poseedora del 80,1% de Spanair (el otro 19,9% sigue en manos del grupo escandinava SAS). Junto con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat controla el 36,6% de la firma de capital riesgo Catalana d'Iniciatives, por ejemplo, que tiene el 25,6% de IEASA. La presencia pública también se conjuga con la privada en otras instituciones presentes, como Fira de Barcelona y Turisme de Barcelona.

La anunciada ampliación de capital de Spanair, que inyectará 50 millones a los 100 millones de capital de la compañía, diluirá las participaciones de la mayoría de los inversores actuales. La excepción será Fira de Barcelona, que ya cuenta con el 10,6% de la sociedad IEASA y que pondrá 10 de los nuevos 50 millones. Otros 10 corresponderán al Consorcio de la Zona Franca -también con presencia pública-, y la compañía Abertis, a través del Parc Logístic.

Una decena más los pondrá la entidad pública Avança, que depende de Innovació, Universitats i Empresa, aunque ayer puntualizó que la aprobación del destino del dinero está aún pendiente de ratificarse en su consejo de administración. Por su parte, el banco público de la Generalitat se ha avenido a asegurar el dinero que falte hasta llegar a los codiciados 50 millones, y que en estos momentos son 20 millones. Economía explicó que se están estudiando "distintas fórmulas" para acabar entrando en la operación. Se estudia que los 20 millones sean un préstamo participativo, que le daría derechos económicos sobre su participación (20 de 150 millones le otorgaría el 13,3%).