La financiación impide el consenso en la ley valenciana de Régimen Local

La dotación económica del Fondo de Cooperación Municipal es el principal obstáculo en la negociación de la futura Ley de Régimen Local valenciana, que se tramita en las Cortes. Mientras los socialistas reclaman que se determinen los recursos que aportará la Generalitat a ese fondo y que su distribución sea incondicionada, el PP propone que la cantidad destinada al fondo se establezca en las leyes de Presupuestos del Consell. La presentación por el Grupo Socialista, el pasado martes, fecha en que se cerraba el plazo para hacerlo, de una enmienda a la totalidad del proyecto de ley confirmó que las negociaciones mantenidas desde hace meses no han superado, de momento, el escollo.

"Los socialistas se oponen a lo que sí apoyaron en la FVMP", dice Blasco

"La ley, tal como está, no significa avance alguno", señala Puig

"Es un proyecto de ley que no aporta nada sustancial", asegura Morera

Para el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que ha hecho de las competencias en Administración local un explícito objeto de deseo hasta que ha conseguido incorporarlas a su departamento, la presentación de la enmienda a la totalidad revela que "los socialistas se oponen en las Cortes a lo que sí apoyaron hace escasas fechas en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias", donde el proyecto recibió el visto bueno de todos los grupos. En su opinión, eso "ejemplifica la ruptura interna de los socialistas, que rechazan en las Cortes lo que ha avalado su secretario general, Jorge Alarte". Según Blasco, que critica al Gobierno central porque la Ley de Bases de Régimen Local que prometió impulsar en 2006 está paralizada por falta de acuerdo sobre la financiación de los municipios, la ley valenciana "es una apuesta del Consell por ayudar a los municipios, mejorar su organización e impulsar la participación ciudadana".

Sin embargo, en opinión del diputado socialista y alcalde de Morella, Joaquim Puig, que ha llevado los contactos, "el problema de la ley es que, tal como está, no significa avance alguno". Puig señala que es necesario "reforzar la autonomía local y acabar con la cultura del subsidio y la subvención desde los otros dos niveles de la estructura de poder territorial hacia los gobiernos locales, que han demostrado su mayoría de edad para transformar las ciudades, atender la agenda de la cohesión social y gestionar las nuevas situaciones con eficacia". El diputado pone como ejemplo de ello la gestión del Plan E. Un ejemplo que ya puso el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, cuando recordó públicamente que, aunque habían dado el visto bueno al proyecto del Consell en la federación de municipios, los socialistas consideraban que obedece a una concepción anticuada y no lo apoyarían sin que se dotara el Fondo de Cooperación Municipal, un compromiso incumplido que viene de la época de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat.

"La valenciana es la única comunidad autónoma que no ha creado un fondo de cooperación municipal", señala el alcalde de L'Eliana y secretario de Política Municipal de la ejecutiva del PSPV-PSOE, Josep Maria Ángel. "Hasta ahora ha habido una decena de borradores de esta ley y nosotros insistimos en reclamar una financiación clara. Si son 70 euros por habitante, que los alcaldes lo sepan y puedan contar con ello. 70 euros por habitante suponen para la Generalitat unos 360 millones de euros. El problema es que están arruinados".

No es la única fórmula que se ha barajado. Puig plantea, por ejemplo, la posibilidad de que la ley establezca para el Fondo de Cooperación Municipal un 2% de los ingresos ordinarios de la Generalitat. El alcalde de Crevillent y diputado autonómico del PP, César Augusto Asencio, que participa en la negociación de la ley, reconoce que "es complicado evaluar un importe". Asencio añade que se podría acordar que los recursos del fondo fuesen "en parte condicionados y en parte incondicionados". Los socialistas rechazan que el Consell pueda discriminar a los ayuntamientos en el reparto y por eso insisten en el carácter no condicionado del fondo.

Para Blasco, "si los socialistas se oponen a la ley estarán dejando pasar una nueva oportunidad de situarse al lado de los ciudadanos. Cada día que pasa demuestran que tienen un doble discurso en cuestiones importantes para la ciudadanía, como el agua o la financiación". Según el portavoz parlamentario del PP, la norma, que es una ley de desarrollo del Estatut d'Autonomia, incluye novedades como la creación del defensor del vecino, el consejo social o el consejo territorial de participación, prevé el régimen de gestión compartida de pequeños municipios, regula las entidades locales menores y las mancomunidades, así como el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación estatal, y crea la comisión mixta de cooperación entre la Generalitat y la federación de municipios. "Supone un impulso decisivo para el municipalismo valenciano", concluye.

En opinión del socialista Puig, "la ley no tiene sentido si no implica un cambio sustancial en las relaciones de los ayuntamientos con la Generalitat". Para el diputado y alcalde de Morella, que defiende que no se derogue la ley de coordinación de diputaciones como prevé el proyecto, "la minimización del peso de las diputaciones es una cuestión de sentido común que el legislador tendría que atender. Hay que modernizar la gestión y acabar con el paternalismo".

Ninguno de los grupos minoritarios en las Cortes ha presentado enmiendas a la totalidad. "Se trata de un proyecto de ley que no aporta nada sustancial", asegura Enric Morera, portavoz de la Coalició Compromís. "No responde a un modelo ambicioso de municipalismo. Nosotros pretendemos con nuestras enmiendas que sea una ley más valenciana, en la denominación de los municipios e, incluso, en la denominación de los órganos de la administración municipal". En este punto, Compromís propone recuperar nombres como el batle (alcalde), el consell de govern (junta de gobierno local) o el mostassaf (interventor municipal). "Defendemos que se recoja la comarcalización como un elemento que da consistencia a las mancomunidades, proponemos mantener la ley de coordinación de diputaciones e institucionalizar la participación vecinal para que las asociaciones tengan un protagonismo real", añade Morera, cuyo grupo se opone a la exigencia de contar con un mínimo de dos concejales para poder formar grupo municipal.

En ese apartado, Esquerra Unida plantea una enmienda a las medidas previstas contra el transfuguismo que propone que dejen de tener grupo municipal los concejales expulsados de su formación política aunque conformen la mayoría o la totalidad del colectivo. "Nos hemos centrado en la participación ciudadana", explica el diputado de este grupo Lluís Torró, "aunque el proyecto está muy condicionado por las leyes estatales". Esquerra Unida, que ha asumido casi una treintena de enmiendas elaboradas por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, se opone a que la Generalitat pueda ceder competencias a las diputaciones y critica que "el tema de las comarcas se remita a una ley posterior de forma poco definida".