Aguirre y Gallardón disputan también por el dinero del realojo de El Salobral

La Comunidad de Madrid reclama desde hace cuatro años 18 millones de euros al Ayuntamiento de la capital por el convenio de realojo de las familias del poblado de El Salobral (Villaverde), que fue uno de los mayores núcleos chabolistas de Europa. En diciembre de 2005 la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, suscribieron un convenio para el realojo de unas 350 familias, la mayoría de etnia gitana, que vivían en chabolas en "un entorno no urbanizado, sin alumbrado público, sin alcantarillado y sin recogida de basuras", según el convenio. La idea de ambas administraciones era acabar con esta situación. Para ello preveían desalojar a los residentes y demoler las construcciones ilegales.

El Ayuntamiento no paga porque dice que ha ofrecido suelo público

El poblado de El Salobral estaba formado por construcciones improvisadas de cartones, uralita y planchas de metal, y en él vivían más de 1.200 personas. Se extendía por 22 hectáreas, junto al almacén de contenedores de Renfe ubicado entre la avenida de Andalucía y la M-40. Fue prácticamente engullido por excavadoras. Desde 2006, las máquinas han ido derribando una a una casi todas las construcciones. Los residentes fueron realojados en viviendas del Instituto Regional de Realojamiento e Integración Social (IRIS). En diciembre de 2007 Aguirre y Gallardón acudieron a la zona para dar por concluidos los trabajos de realojo, aunque aún quedaban una decena de chabolas.

Fuentes de la Comunidad aseguran que el coste del realojo y la demolición supuso una inversión de 37,7 millones. En el convenio de 2005 se precisaba que el Ayuntamiento y la Comunidad financiarían la operación al 50%. Se dejaba abierta la posibilidad para que el pago fuera en metálico o aportando al IRIS la mitad de las viviendas para el realojo o suelo por el mismo valor. El convenio estimaba un coste total de 160.000 euros por cada familia. El pago de la deuda estaba previsto que se hiciera en cinco anualidades, desde 2007 hasta el ejercicio de 2011. Pero, hasta la fecha, la Comunidad está a la espera de recibir el dinero del Ayuntamiento. "Son 15,1 millones más intereses", detallan desde el Gobierno regional.

La directora general de Urbanismo del Ayuntamiento, Beatriz Lobón, explicó ayer que cuando se firmó el convenio se pactó que el pago del realojo se haría con suelo público. "Entonces a la Comunidad le interesaban parcelas para promover suelo público. Parece ser que ahora lo que le interesa es el dinero". La responsable municipal de Urbanismo asegura que hicieron la propuesta a finales de 2007 y que no han obtenido respuesta hasta finales de 2009. "Si no quieren ese suelo, buscamos otro. Es lo que estamos haciendo", agrega Lobón.

Un portavoz regional precisa que el suelo ofrecido por el Consistorio eran parcelas situadas en Los Cerros, en el sureste de la ciudad, que no estaban calificadas y sin urbanizar, por lo que su valoración era estimativa. El mismo portavoz detalla que desde 2007 se han mantenido varias reuniones entre ambas administraciones, donde se ha trasladado de forma verbal la negativa a aceptar estas parcelas como pago de los 18 millones de euros. Además, desde la Comunidad recuerdan que llevan cuatro años reclamando el pago. "Ya en 2007 el ex consejero Mariano Zabía reclamó la parte correspondiente a la primera anualidad, que aún no hemos recibido".