La anulación de las escuchas desconcierta a los populares

La decisión de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular las escuchas grabadas en la cárcel entre los cabecillas de la trama corrupta del caso Gürtel y sus abogados sembró ayer desconcierto entre los populares valencianos. Tanto que, a lo largo del día, se despertaron distintos sentimientos. Si la publicación de la información en EL PAÍS fue acogida inicialmente con alegría en el seno del PP, que consideró que la anulación de las grabaciones abría una brecha en el sumario instruido por el juez Baltasar Garzón, al final del día los populares valencianos no tenían una idea clara de las repercusiones de la decisión.

Tanto que, durante todo el día, sólo hubo dos pronunciamientos públicos. La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, se limitó a declarar su "respeto a cualquier decisión judicial". Y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, siempre atento a la dirección de los vientos, se quedó solo al pedir que se tomasen medidas contra el juez Baltasar Garzón por autorizar las escuchas anuladas.

Y es que, frente al discurso de tranquilidad que intentaban transmitir, un alto cargo del PP reconoció que, con la anulación también desaparece una conversación entre Pablo Crespo -uno de los cabecillas de la trama corrupta- y su abogado Ignacio Peláez. En ella, la mano derecha de Francisco Correa dice: "Yo creo que Camps, si se hizo los trajes allí [con el sastre José Tomás] los habrá pagado de su bolsillo". Uno de los pocos argumentos favorables a Camps que se volatilizan.