Tapia apuesta por la seguridad y la modernización

Jaime Tapia fue el primer candidato que dio a conocer las líneas estratégicas de su proyecto para la presidencia del Tribunal Superior. El próximo jueves defenderá por primera vez en público un programa muy similar al que expuso en los dos anteriores procesos. La modernización judicial supone su apuesta central, aunque el magistrado de la Audiencia de Álava tampoco olvida la seguridad de sus compañeros y las relaciones con las instituciones al margen de la Justicia.

El único representante de la asociación progresista Jueces para la Democracia que ha quedado en liza aboga por la implantación de la nueva oficina judicial que Euskadi está probando antes que ninguna otra comunidad y el impulso de la tecnología para compartir información entre órganos judiciales. Sobre estos últimos, plantea incluso una "redistribución" que responda de forma más eficaz a las necesidades.

El aspirante se compromete también a realizar un seguimiento pormenorizado de los órganos judiciales para mejorar su funcionamiento y a impulsar reformas orgánicas y procesales, como los juicios rápidos civiles o la mediación. Propone a renglón seguido una justicia más transparente y se ofrece incluso a encabezar una tarea pedagógica que permita su acercamiento al ciudadano. Además, sitúa en su orden de prioridades a los colectivos de personas vulnerables y a las víctimas del terrorismo.

En la redacción de su proyecto se muestra convencido de la posibilidad de desconcentrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en favor de las salas de gobierno de los distintos tribunales superiores y tratará de promoverlo en Euskadi. Como único euskaldun de la terna, la lengua vasca será otro de sus hilos conductores. En este ámbito, destaca su interés por extender iniciativas bilingües hasta ahora aisladas a los distintos órdenes jurisdiccionales.

Finalmente, defiende la necesidad de fortalecer las relaciones con otras instituciones no judiciales y el compromiso de presentar una memoria anual del Superior ante el Parlamento. En cuestión de seguridad se da dos meses de plazo para reunirse con todos los jueces del País Vasco, conocer sus inquietudes y facilitarles un teléfono personal de contacto.