Sin custodia no hay tratamiento

La pérdida de citas médicas de los internos de algunas cárceles por falta de policías que les lleven al hospital tiene ya todos los rasgos de una enfermedad crónica. Pese a que el problema se diagnosticó hace años, no hay visos de mejora. Es más, según un informe reciente del Defensor del Pueblo Andaluz, el conflicto se ha "recrudecido" desde 2008 a juzgar por el incremento del número de quejas recibidas por su institución. La respuesta dada por el Gobierno central a una pregunta de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados refleja un panorama preocupante (ver cuadro adjunto): en el primer trimestre de 2009, se suspendieron casi el 19,21% de las citas solicitadas desde las prisiones andaluzas y en el 44,75% de los casos la culpa fue de la falta de agentes que custodiaran al preso hasta el centro sanitario.

Hay internos que han visto fracasar hasta 20 citas con un especialista

El Defensor del Pueblo estudia llevar el caso a la fiscalía

El Defensor del Pueblo, la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía (Apdha) y los fiscales de vigilancia penitenciaria llevan años denunciando una situación que es endémica en cárceles como Sevilla I o Jaén y casi inexistente en otras como Málaga o Sevilla II (Morón). ¿A que se deben estas diferencias? Hay un hecho constatable y que fuentes de la Fiscalía de Sevilla resumen de la siguiente manera: "Donde hay Guardia Civil los desplazamientos se producen. Donde hay Cuerpo Nacional de Policía, fallan".

A la vista de los datos aportados por Instituciones Penitenciarias hay sólo dos excepciones a esta regla: Almería y Morón, si bien en esta última la custodia depende en unas ocasiones de la policía y en otras de la Guardia Civil. La Delegación del Gobierno no ha contestado a la petición de información formulada por este periódico, aunque en otras ocasiones en que se ha pronunciado sobre el asunto se ampara en una "escala de prioridades" que se traduce en que los agentes, además de llevar a los internos a sus citas médicas, han de atender otros traslados irrenunciables como la conducción de presos a sedes judiciales.

Sea cual sea la razón, la realidad es que hay presos que han visto fracasar hasta 20 citas programadas con un médico especialista y las asociaciones e instituciones que llevan años trabajando este tema sostienen que, para algunos, la atención llegó demasiado tarde. El problema ha adquirido tal dimensión que el Defensor del Pueblo estudia denunciarlo ante la fiscalía por la sospecha de que existen claros indicios de que no se está respetando el derecho a la salud.

Según explica José Chamizo, la idea que ahora se baraja es llevar al fiscal "un caso concreto" de los que han llegado a su oficina. "Y que a partir de ahí se siente jurisprudencia", señala.

Para la Apdha más que indicios hay "pruebas muy claras". "La Constitución Española, la Ley General Penitenciaria y la Ley General de Sanidad garantizan la asistencia sanitaria a la población reclusa en igualdad de condiciones a la dispensada al conjunto de la población libre. Pero eso no se está cumpliendo", afirma su presidenta, Isabel Mora. Su asociación ha presentado en los últimos años decenas de quejas ante los juzgados de vigilancia penitenciaria relacionadas con la asistencia sanitaria a los presos. Sólo en Sevilla, la presidenta de Apdha estima que se han presentado un centenar. Y casi todas en representación de internos de la prisión de Sevilla I, donde desde hace años se pierde, por falta de policías, alrededor del 40% de las citas programadas en el exterior.

Desde 2006, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha trasladado 37 propuestas a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, según datos de la Fiscalía de Sevilla. Más de 30 son quejas de internos que habían perdido su cita. La respuesta habitual del juzgado es instar a que se lleve al enfermo y a que se desarrollen los convenios firmados en 1992 entre la Junta e Instituciones Penitenciarias y que contemplan la posibilidad de que se estimule la visita de médicos especialistas a las prisiones para evitar los traslados. Pero en la práctica, son muy pocos los facultativos que acuden a las prisiones.

Esos convenios supuestamente regulan la coordinación entre Instituciones Penitenciarias (de quien depende la atención primaria de los presos dentro de las cárceles) y la Consejería de Salud (que dispensa la atención especializada,), pero a penas se han desarrollado.

La Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud dispone la transferencia antes del 1 de diciembre de 2004 de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. Comunidades como Asturias, Extremadura o Aragón ya han asumido estas competencias, pero Andalucía se resiste.

En la Oficina del Defensor, la Apdha y la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla se tiene la impresión de que la Consejería de Salud rehuye el problema: "La voluntad política de Instituciones Penitenciarias es inequívoca porque firma convenios con otras comunidades autónomas. De la Junta no nos consta", apuntan fuentes de esta fiscalía. La presidenta de Apdha es más contundente: "La Junta no tiene ningún interés en asumir la transferencia de las competencias", advierte Mora.

Fuentes de Salud constatan que esta transferencia "no está prevista" y que tampoco se va a apostar por aumentar la visita de especialistas a las prisiones.