El ajuste fiscal que nos espera

La deuda pública de los países del G-7, como porcentaje del PIB, superará el 100% en 2010 -niveles no vistos desde 1950, tras la II Guerra Mundial-. El FMI estima que el aumento de la deuda pública de los países avanzados durante el periodo 2007-2014 será de más de 30 puntos del PIB. La magnitud del problema no tiene precedentes en tiempo de paz: la deuda también aumentó considerablemente durante la crisis de 1929, pero desde niveles muy inferiores.

La dimensión de la crisis de los últimos dos años fue histórica, así que parece lógico que el esfuerzo fiscal realizado por los gobiernos para evitar una catástrofe económica sea también de dimensiones históricas. Por desgracia, los datos no confirman esta lógica: los cálculos del FMI sugieren que la mitad del aumento del déficit estructural primario (es decir, corregido por los efectos del ciclo y del pago de intereses) entre 2007 y 2010 se debe a medidas fiscales no relacionadas con la crisis, como el aumento del gasto militar en EE UU, de seguridad social en Japón y de educación en el Reino Unido, entre otros. En otras palabras, la recuperación económica, el fin de las medidas anticrisis de carácter extraordinario y la disolución de las medidas de apoyo al sector financiero no serán suficientes para recuperar el equilibrio fiscal. La clave para entender este problema es la pérdida permanente de ingresos fiscales derivados de la caída de las actividades bursátiles, financieras e inmobiliarias que deberán ser compensados con aumentos de impuestos o reducciones del gasto. Si a esto se le añade que el aumento del gasto en pensiones y sanidad debido al envejecimiento de la población ya no es un problema del largo plazo, sino de la próxima década, se entiende la preocupación de los mercados, analistas y gobernantes por la situación fiscal.

Los ajustes rápidos basados en reducir el gasto corriente son mucho más efectivos y dañan menos el crecimiento

Debemos, por tanto, prepararnos para un ajuste fiscal en los próximos años de dimensiones importantes, necesario para estabilizar, y si es posible reducir, el nivel de la deuda pública. El impacto sobre el crecimiento de este ajuste, sin embargo, no está claro y dependerá de la composición del mismo. La evidencia empírica sugiere que los ajustes que se realizan en un corto periodo de tiempo y se basan en la reducción de gastos corrientes son mucho más efectivos -y menos dañinos para el crecimiento- que los ajustes que se prolongan durante varios años y se basan en la reducción de la inversión publica o el aumento de los impuestos. La lógica es sencilla. Los ajustes que se extienden durante un largo tiempo prolongan la incertidumbre y ejercen un impacto negativo sobre las expectativas de los agentes económicos. La reducción de la inversión publica, por muy tentadora que sea para los gobernantes, ya que los puentes, caminos y canales no tienen sindicatos ni van a la huelga, acaba afectando negativamente al crecimiento potencial. Los aumentos drásticos de impuestos, a menos que sean desde un nivel reducido de imposición, limitan la capacidad del sector privado de ocupar el espacio liberado por la reducción del gasto público. Los estudios empíricos demuestran que las consolidaciones fiscales que se han ajustado a este patrón se han visto acompañadas, frecuentemente, de crecimiento económico positivo, ya que la reducción de la prima de riesgo y de los tipos de interés -y en muchos casos, la depreciación de la moneda- han compensado el impacto negativo de la contracción del gasto público.

El segundo elemento importante a considerar es la mejora del perfil de la deuda futura a través de la reforma de las instituciones del estado del bienestar. Si algo parece claro es que, a menos que las proyecciones demográficas contengan errores de bulto, el estado del bienestar no es sostenible en la mayoría de los países desarrollados. El aumento de la esperanza de vida ha generado un enorme desequilibrio entre los que contribuyen y los que reciben los beneficios. Por ello, aumentar la edad de jubilación y ajustar las prestaciones son reformas absolutamente necesarias en la gran mayoría de los países -reformas que, por cierto, deberían ser positivas para el crecimiento porque, por un lado, contribuyen a estabilizar el perfil de gasto público y reducir los tipos de interés y, por otro, aumentan la renta permanente de los consumidores (ya que trabajarán durante más tiempo) y, por tanto, en teoría, su consumo.

El tercer componente del ajuste fiscal será el crecimiento y la inflación. La reducción del déficit estructural es más sencilla durante periodos de alto crecimiento, ya que los ingresos fiscales típicamente sorprenden al alza y los gobiernos no tienen más que resistir la tentación de gastárselos -aunque esto tiene sus limites, ya que es notoriamente difícil para los gobiernos justificar superávit fiscales-. Por tanto, las reformas estructurales que contribuyan al aumento del crecimiento potencial, como la liberalización del mercado laboral, son un componente fundamental de todo ajuste fiscal. ¿Y la inflación? La deflación hay que evitarla a toda costa, ya que aumenta el peso de la deuda. Pero también hay que evitar la tentación de generar inflación, ya que el beneficio es limitado -el FMI estima que un aumento de la inflación al 6% durante los próximos cinco años reduciría en tan sólo un 25% el aumento de la deuda estimado para 2007-2014-, mientras que los costes derivados de tipos de interés y primas de riesgo elevadas son potencialmente enormes.

Éste es el panorama que nos espera. Ahora pueden juzgar, como ciudadanos o impositores, si los paquetes de ajuste fiscal que presentarán los distintos gobiernos son adecuados. Si son concentrados en el tiempo, se basan sobre todo en la reducción del gasto corriente, van acompañados de una reforma seria y profunda de las pensiones e incluyen una liberalización convincente del mercado laboral que aumente el crecimiento potencial, el ajuste fiscal será motivo de optimismo. Si no, la agonía se prolongará años y, con todo el mundo desarrollado tratando de resolver el problema al mismo tiempo, las comparaciones serán frecuentes y probablemente costosas para los países que no den la talla.

Ángel Ubide es investigador visitante del Peterson Institute for International Economics en Washington.