El Supremo ratifica las condenas por las facturas falsas de Sevilla

El Tribunal Supremo ha ratificado las penas de prisión impuestas por las facturas falsas del distrito Macarena de Sevilla. En una sentencia fechada el 18 de febrero, el alto tribunal desestima los recursos de casación presentados por el ex secretario del distrito Macarena José Marín y al empresario José Pardo contra una sentencia de julio de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que condenó a Marín a cuatro años y tres meses de prisión como autor de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento; y a Pardo a tres años y nueve meses de cárcel por un delito continuado de falsedad de documento oficial y otro como cooperador necesario de la malversación del ex secretario del distrito.

PP y PA exigen la dimisión del alcalde de Sevilla tras el fallo del Supremo

Los jueces consideran demostrado que Marín permitió que Pardo cobrara del Ayuntamiento obras que realmente no se ejecutaron. El Supremo ha rechazado todos los supuestos en los que las defensas de los condenados basaban sus recursos. El primero, la ausencia de pruebas sobre los delitos de los que se acusa a Marín y Pardo. "El esfuerzo encaminado a destruir el significado de algunas de las pruebas valoradas por el Jurado es la mejor muestra de que no se produjo el vacío probatorio que se denuncia", señala el Supremo.

Los jueces tampoco admiten que, como aseguraban los abogados, el veredicto de culpabilidad dictado por un jurado popular (en el que se basan las sentencias de la Audiencia Provincial y del TSJA) adoleciera de falta de motivación. "El esfuerzo de motivación desplegado puede reputarse como verdaderamente encomiable".

La sentencia del Tribunal Supremo da por buenos los hechos probados que recogió el fallo dictado por un jurado popular, según el cual, José Pardo (ex militante del PSOE) presentó en el distrito Macarena facturas para el cobro de seis obras realizadas entre los últimos meses de 2002 y los primeros de 2003, "pese a conocer que éstas no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente". Según el juez, al firmar las facturas, Pardo actuó "aparentando que lo hacía por cuenta de la empresa Contratas y Obras de Sevilla S. L. (COS), pese a que sabía que la empresa había cesado su actividad a finales de 2002".

Para cobrar las obras, Pardo contó con la ayuda de José Marín, el entonces director de Macarena, que era el encargado de contratar las obras, darlas por concluidas y tramitar el pago. Según los jueces, Marín (que dejó el PSOE cuando se conocieron los hechos) "permitió" que Pardo cobrara esas obras "pese a conocer que éstas no se habían ejecutado o se habían ejecutado parcialmente".

El caso de las facturas falsas fue denunciado en 2005 por el Partido Andalucista, que entonces estaba en la oposición del Ayuntamiento de Sevilla y se había convertido en el principal látigo de la gestión de PSOE e IU en el gobierno municipal. La denuncia forzó la dimisión del entonces concejal del distrito Macarena, José Antonio García (PSOE), que más tarde quedó exculpado de la causa.

La sentencia de la Audiencia cifró el importe de las obras indebidamente cobradas en 5.901 euros y el Supremo condena a Marín y a Pardo a devolver esa cantidad al Ayuntamiento y a abonar las costas de la tramitación de sus recursos. Además, los jueces ratifican los seis años de inhabilitación absoluta para Marín y cuatro para Pardo, así como las multas de 2.400 y 2.160 euros, respectivamente.

Tras conocer la sentencia, el PA y el PP coincidieron ayer en pedir la dimisión del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, por "la primera condena firme por corrupción" en el Ayuntamiento de Sevilla. Una lectura muy distinta hicieron el grupo municipal socialista y el PSOE provincial, que difundieron sendos comunicados en los que recuerdan que los socialistas ya asumieron responsabilidades políticas con la dimisión del ex concejal José Antonio García y las bajas voluntarias de militancia tanto de García como de Marín. "La dirección socialista entiende que queda desmontada y desacreditada la existencia de trama alguna", señala el PSOE provincial.