La juez exige al PP 18.000 euros para poder acusar a Enciso
La juez que investiga la trama de corrupción municipal en El Ejido ha impuesto al PP una fianza de 18.000 euros para ejercer la acusación popular en la causa que mantiene en prisión al alcalde de la localidad, Juan Enciso, desde el 23 de octubre de 2009.
El partido que le expulsó de sus filas en 2005, tras abrirle las puertas de la política durante el boom de los cultivos bajo plástico, ha interpuesto un recurso de reforma contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número dos de Almería, Montserrat Peña. Ésta autorizó sin reservas en enero la personación del PP, al que, sin embargo, le reclamó la citada cantidad en una providencia dictada semanas después, según informaron fuentes judiciales.
El PP, que asegura que se persona para contribuir a que se recupere para El Ejido todo el dinero público, desviado presuntamente por los implicados en la trama, argumentó sobre su rechazo a la caución que no procede al corresponder a la Fiscalía la apertura de diligencias del caso. La Fiscalía fue alertada por un denunciante anónimo de las actividades anómalas que se estaban produciendo en torno a la sociedad Elsur, participada en un 70% por Agua y Gestión, filial de Abengoa.
Red de empresas
Sobre esta sociedad desde la que se prestan los servicios municipales se creó toda una red de empresas, entre ellas Jardines de Poniente, Jardines de Alcor y Lobelia Gestión. A estas firmas del empresario Juan Antonio Galán, encarcelado como parte de la trama, la Tesorería de la Seguridad Social les ha aplazado durante 36 meses el embargo que pesaba sobre ellas por haber dejado de pagar 480.000 euros en cotizaciones. La decisión, adoptada al ofrecerse como avalista el Ayuntamiento de El Ejido, posibilitó que los 87 trabajadores de estas empresas cobraran ayer sus nóminas de diciembre, por lo que sólo les resta percibir la correspondiente al mes de enero.
La trama de corrupción destapada en El Ejido, por la que han sido detenidas desde octubre 23 personas entre políticos, empresarios y familiares de los anteriores, continúa bajo secreto de sumario. La juez instructora, que sigue recogiendo testimonios y estudiando el caso, deberá decidir en los próximos días si mantiene el secreto dictado sobre todas las actuaciones.
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