La fundación que gestiona el turismo en Valencia evita el control externo

El Ayuntamiento de Valencia financia el grueso del presupuesto de la fundación de turismo Valencia Convention Bureau, pero ya no tiene la mayoría de votos. El patronato de la entidad aprobó en noviembre de 2009 un cambio de estatutos por el que el consistorio cede 12 votos -que antes le daban la mayoría- a colaboradores y patrocinadores privados (CACSA, Lladró, Iberia o Renfe) sin que esto suponga un ahorro para el consistorio de Valencia. Según el presupuesto de VCB para 2010, la corporación pagará 6,5 de los 8,3 millones de euros que tiene de presupuesto.

Los socialistas interpretan este cambio como una manera de evitar que la Inspección General de la Administración del Estado (IGAE) fiscalice sus cuentas. Y estaba obligada hasta el pasado noviembre, pues la mayoría de su presupuesto es público y la Administración -con el voto de calidad del presidente, el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau- controlaba con sus votos la mayoría del patronato.

"Se vuelve a lo que había hace dos o tres años", afirman desde el organismo

"No lo entendemos. El interés general aconseja que se fiscalicen unos fondos que son públicos", apunta la concejal socialista de Valencia Ana Botella. La batalla de VCB por ser considerada una fundación privada, no pública, no es nueva. En 2009 ya presentó un recurso de alzada ante la IGAE para no depositar las cuentas en el consistorio -que luego debe enviarlas a la inspección-. La IGAE le comunica a la concejalía de Presupuestos de Valencia en 2008 por escrito que tanto VCB como las entidades municipales Fivec, VEO y hasta el Centro de Estrategias y Desarrollo son públicas y deben facilitar su estado de cuentas. Todos estos organismos lo hacen, salvo el VCB, que insiste en su naturaleza privada.

Tras la modificación, el Ayuntamiento pasa de 50 a 38 votos y aporta unos 6,5 millones de euros al capítulo de ingresos, frente a los beneficiarios de los 12 votos que cede el consistorio -patrocinadores-, que desembolsan otros 74.000 euros. La Cámara de Comercio de Valencia, con 12 votos, aporta 30.000 euros al año, la Agencia Valenciana de Turismo entrega, por convenio, otros 150.000.

"De acuerdo con estas cuentas al Ayuntamiento de Rita Barberá un voto en la fundación le cuesta 171.000 euros y a un socio protector, 12.800 euros", ha calculado Botella, que en el pleno del mañana volverá a pedir que comparezcan los directivos de VCB. A lo único a lo que está obligada la fundación es a depositar sus cuentas en el registro "y las últimas datan de 2007".

La concejal cita el código ético que propuso el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, en el que aboga por que los responsables de fundaciones públicas rindan cuentas ante la Administración. "¿Acaso no comparte el gobierno local del PP este manifiesto por la transparencia de su dirección nacional?", lanzó la concejal socialista.

Fuentes de Valencia Convention Bureau insistieron en que es una fundación privada y que con este cambio sólo persigue dar más participación al sector privado. "Se vuelve a lo que había hace dos o tres años", añaden las mismas fuentes. VCB cumple con lo que le exige la ley, que es depositar sus cuentas en el Registro de Fundaciones. En cuanto a la disparidad entre votos y aportaciones económicas, aseguran que la representación de cada uno no va vinculado "a qué pone cada uno. Lo que buscamos es más implicación".