La Junta da un ultimátum a Granada sobre la TV local
La Junta de Andalucía ha amenazado al Ayuntamiento de Granada (PP) con quitarle la licencia de la televisión municipal (TG7) si no modifica el consejo de administración para respetar el "pluralismo político". La Dirección General de Comunicación Social, que depende de la Consejería de la Presidencia, ya le hizo un requerimiento en este sentido el pasado año y no fue atendido. Por ello ha iniciado el procedimiento de declaración de incumplimiento de las condiciones de la concesión. La Junta da al Consistorio un mes de plazo para redistribuir a sus consejeros.
La composición del consejo debe ser proporcional a la del pleno del Ayuntamiento granadino, que está formado por 27 concejales -16 del PP, nueve del PSOE y dos de IU-. Actualmente, la Empresa Municipal de Comunicación Audiovisual S. A. cuenta con seis consejeros del PP, dos del PSOE y uno de IU, cuando al grupo municipal socialista le corresponderían tres, ya que tiene un tercio de ediles del pleno, y cinco al PP, que perdería los dos tercios que ostenta ahora y que le permiten adoptar algunas decisiones.
El PSOE fue precisamente el partido que denunció estos hechos y el que con insistencia alude a las "actitudes antidemocráticas del PP", al que acusa de "incurrir en una ilegalidad y poner en peligro la licencia, en vez de optar por el diálogo y el consenso", según manifestó ayer la portavoz municipal de los socialistas en el Ayuntamiento, Carmen García Raya.
A la vía judicial
Desde hace meses el equipo de gobierno municipal defiende la "legalidad" de la decisión acordada y alega que la representación en el consejo de administración de la televisión es similar a la de otras empresas municipales como la de vivienda (Emuvyssa) o la del cementerio (Emucesa). El concejal del PP y consejero delegado de la TG7, Juan García Montero, tildó de "triste y lamentable" la actuación de la Junta y anunció que va a seguir defendiendo la actual composición aunque tenga que llegar a la "vía judicial".
Las alegaciones que presentó el Ayuntamiento ante la Dirección General de Comunicación Social no han podido ser tenidas en cuenta, ya que no respeta la proporcionalidad. El incumplimiento reiterado de las condiciones establecidas puede ser causa de extinción de la concesión.
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