Sólo el PSOE apoya la ley que garantiza el derecho a la vivienda

El Parlamento andaluz aprobó ayer, únicamente con los votos del PSOE, la primera ley de España que regula el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, como mandata la Constitución. El nuevo Estatuto de Autonomía -que ayer cumplió tres años desde su aprobación en referéndum- concreta este precepto y obliga a los poderes públicos a establecer una serie de garantías para su cumplimiento.

La ley no reconoce el derecho de exigir en los tribunales la propiedad de una casa, pero sí permite a los ciudadanos reclamar ante los tribunales contenciosos-administrativos el incumplimiento de las obligaciones por parte de las administraciones públicas de que haya planes de vivienda protegida. Dos años tienen las administraciones para hacer sus deberes antes de que caigan las primeras demandas.

El hecho de que ley "no consagre exigir la titularidad de una vivienda sin más" fue el argumento que utilizó la portavoz del PP, Alicia Martínez, para votar en contra. En su opinión, la Junta de Andalucía endosa a los ayuntamientos una responsabilidad que considera autonómica, al tiempo que vio defraudadas las "expectativas" del proyecto. "La Junta invita, pero los ayuntamientos pagan", se quejó.

Despiste de IU

En las antípodas del PP se situó IU, cuyo portavoz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, cree que el mercado no debe intervenir en materia de suelo. Aunque IU presentó en su día una enmienda de devolución al proyecto de ley, no planteó ninguna parcial al texto porque a su ponente se le pasó el plazo estipulado en el registro de la Cámara. Aún así coló in voce una docena de propuestas admitidas por el grupo socialista.

El socialista José Caballos dijo no entender el rechazo de IU, pero sí el del PP. "El único límite de la negociación era que esta ley sería del derecho a la vivienda, no una ley de derechas para la vivienda". En su opinión, la negativa del PP sólo se debe a que el "el doctor No que dirige la derecha andaluza", es decir, Javier Arenas, lo impide. También acusó al presidente del PP de tener "secuestrados" a sus alcaldes para hacerle la oposición a la Junta de Andalucía y destacó la contradicción de que el PP andaluz se oponga a los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, cuando la realidad es que 704 municipios ya han iniciado los trámites para crearlos.