"Demoliciones masivas son inabordables"

Juan Espadas va a conseguir hoy aprobar una ley pionera, que consagrará el derecho constitucional del acceso a una vivienda digna. Además tiene en marcha un plan más que ambicioso para recuperar al sector de la construcción, que asegura va bien. Arreglar el caos urbanístico que el boom inmobiliario dejó en Andalucía con miles de viviendas ilegales es el tercero de sus retos.

Pregunta. Usted asegura que el Pacto por la Vivienda va bien. El PP dice que es un fracaso. ¿Se harán las 100.000 VPO previstas?

Respuesta. Cuando se hizo esa previsión se calcularon las viviendas a construir sobre la base de estimaciones, que ahora hay que ajustar sobre la base de la realidad. Quiero ser absolutamente franco: Se van a construir las viviendas que sean necesarias en base a lo que aflore en los registros de demandantes. Creo que hay pasar de estudios y estimaciones y de las grandes cifras que al PP le gustan para decir que el Gobierno incumple.

"Se harán las viviendas que los registros digan que son necesarias"

"La ley no consagra el derecho a exigir la titularidad de una casa sin más"

P. 31 entidades financieras se comprometieron a aportar 9.500 millones de euros para el plan. ¿Cuánto han aportado ya?

R. Se ha notado el año de parón de 2008, donde el crédito cayó a 400 millones. En 2009 se ha recuperado, a unos 700 millones. La situación es que en los dos primeros años están muy por debajo de lo comprometido, y entre 2010-2012 no se si se cumplirá el 100% de los objetivos, pero claramente tiene que multiplicarse por tres. Nunca por debajo de 1.500 millones anuales. Lo que si voy a hacer es revisar el compromiso con las entidades.

P. ¿Que datos tiene ya del último plan de apoyo a la adquisición de vivienda?

R. A dos semanas de la apertura del portal, desde el punto de vista de promotores, hay un nivel bajo de afloramiento de viviendas, para el stock que se decía que tenían sin vender. Pero los resultados están siendo muy interesantes, porque además lo que hay en el portal no es lo único que se puede vender o comprar con las ventajas del programa. En 15 días ha habido más de 100.900 visitas y casi medio millón de consultas.

P. ¿No cree que se invierte demasiado dinero público en salvar a promotores y constructores?

R. Aquí podemos aplicar la máxima de haz el bien y no mires a quien. El Gobierno tiene un objetivo que es el interés general. Todo lo que sea bueno para reactivar la economía y generar empleo es bueno para el conjunto de la economía.

P. La oposición sigue diciendo que falla el control urbanístico.

R. A la oposición todo lo que sea trasladar una visión apocalíptica de la realidad parece que le beneficia. El interés electoral del PP choca con el interés general de los ciudadanos, que es salir cuanto antes de la crisis. Y en relación con el urbanismo, cuando en Andalucía se ha hablado de Ley de Ordenación Urbanística, el PP ha hablado de injerencia en la autonomía municipal. El PP es capaz de pedir la paralización de todos los expedientes urbanísticos de la Axarquía, y una ley de punto final para que todo se legalice, y decir al mismo tiempo que no hay control urbanístico.

P. ¿Cuántas viviendas ilegales hay en Andalucía?

R. Hay estimaciones por comarcas, pero el problema es más complejo. Nos hemos centrado en aquellas zonas con procedimientos especulativos muy graves, la Axarquía, Almanzora, Guadalhorce... zonas cercanas al litoral, con incrementos importantes de población extranjera, y donde el medio rural lo apoyó como salida de desarrollo. Algo que ha hipotecado el futuro de esos municipios.

P. Pero, ¿más o menos?

R. Es que tenemos situaciones concretas como en Arahal, en Sevilla, donde tenemos inventariadas unas 1.000 edificaciones en suelo no urbanizable, hasta una situación tan delicada como Chiclana, donde hablamos de 10.000 o 12.000 viviendas en un inventario realizado con el Ayuntamiento. O de otras comarcas donde podemos tener 20.000 o 30.000 edificaciones en suelos no urbanizables. Pero, ¿todas ellas son ilegales? No. Hay que analizarlas individualmente, por eso estamos inventariando, para saber cuántas de esas viviendas caben en el planeamiento, y poder regularizar algunas. No nos podemos plantear demoliciones masivas en el territorio porque desde el punto de vista social y económico sería inabordable, tenemos que actuar sobre aquéllas que tienen pronunciamiento judiciales claramente firmes y sobre aquéllas que entendamos no se pueden regularizar porque afectan a zonas de valor ecológico o de riesgo. Con el resto, que sean capaces o bien adaptarse al planeamiento, o bien de adaptarse a un modelo de ordenación territorial en el que compensen económicamente los daños.

P. ¿Qué va a pasar con el caso de Banana Beach en Marbella?

R. Ésa será una decisión judicial. Banana Beach tiene una sentencia firme. La decisión última sólo la tiene el juez, que es el que tiene que decidir si la ejecución de esa sentencia conlleva ineludiblemente la demolición o caben alternativas.

P. ¿Y con el Algarrobico? ¿Su compañera de Medio Ambiente dijo que no afecta al entorno? ¿Se va a expropiar?

R. El Algarrobico depende de la decisión que el TSJA tome respecto al ejercicio de tanteo y retracto que planteó la Junta. Queremos recuperar ese territorio. Y si se nos da la razón seremos coherentes con esa opción.

P. La ley que hoy se aprueba condolida un derecho reclamable ante la Justicia. ¿Cuándo cree que puede haber denuncias?

R. Los ciudadanos van a poder reclamar el incumplimiento de obligaciones por parte de las administraciones, como la implantación de los registros, la aprobación de planes de vivienda o la diligencia en su cumplimiento. Cualquiera de ellos puede reclamarse en la jurisdicción contencioso-administrativa. La ley establece obligaciones y deberes muy potentes que necesitan un tiempo para llevarlas a cabo, no antes de dos años. Lo que no consagra la ley es el derecho a exigir la titularidad de una vivienda sin más.

P. Se ve candidato a la alcaldía de Sevilla en 2011.

R. No, el consejero de Vivienda está muy centrado en lo que está. Tiene un departamento que no es nada fácil, y está en un momento en el que la crisis de la construcción demanda una absoluta dedicación para buscar salidas. Cualquier cuestión que me lleve a distraerme de eso no lo entenderían los ciudadanos.