La administradora judicial de Roca desvió a sus cuentas 158.000 euros

El juez del 'caso Malaya' pidió que se investigara la posible "infracción penal"

María Teresa Navarro, economista de Mairena del Alcor (Sevilla) nombrada por el juez del caso Malaya para administrar varias sociedades de Juan Antonio Roca, se envió presuntamente a sus cuentas particulares un total de 158.839 euros pertenecientes a las cuentas de las empresas del supuesto cerebro de la trama corrupta. El dinero fue ingresado entre julio de 2008 y febrero de 2009 en tres transferencias bancarias y dos cheques.

De los cinco movimientos, cuatro no fueron reflejados en los libros contables de las sociedades administradas, y de ninguno de ellos existe un documento que justifique el trasvase de fondos. Los supuestos desvíos fueron denunciados por el otro administrador judicial de las sociedades de Roca, Juan Macías Domínguez, el pasado 9 de diciembre. Cinco días más tarde, el magistrado instructor del caso Malaya, Óscar Pérez, dictaba una resolución en la que apreciaba una posible "infracción penal" en estos hechos y remitía toda la documentación -incluidas fotocopias de los cheques- a los juzgados de Carmona, partido judicial del que depende Mairena del Alcor, para que se investigue el caso.María Teresa Navarro y Juan Macías fueron nombrados administradores en febrero de 2008 por el juez Óscar Pérez. Ambos economistas sustituían José Luis Gallardo, que había sido designado por el primer magistrado de la causa, Miguel Ángel Torres. Gallardo fue acusado por Roca de generarle un agujero de 24 millones de euros en sus sociedades por "mala gestión".

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El juez Pérez dividió las sociedades de Roca en dos bloques, uno para cada nuevo administrador. A María Teresa Navarro se le adjudicó la gestión del patrimonio inmobiliario en Madrid del ex asesor urbanístico de Marbella. En junio de 2009, Navarro cesó en sus funciones por orden del juez Pérez y toda la administración recayó en Idea Asesores SL, empresa de Juan Macías.

Este economista revisó toda la contabilidad de las empresas que gestionó Navarro y encontró varias irregularidades. El 28 de abril de 2009, Navarro ordenó transferir 4.435 euros desde la sociedad San Mateo Palace SL a una cuenta suya en Caja San Fernando. El mismo día movió 1.903 euros de la sociedad Jabor Magarpe SL a la misma cuenta de la caja sevillana. De estos movimientos, según la denuncia de Macías, "no existe documentación soporte alguna ni reflejo en los registros contables de la sociedad".

Las dos operaciones bajo sospecha más cuantiosas -80.000 y 67.500 euros- ocurrieron en febrero y abril de 2009. La primera fue una transferencia desde la mercantil Inmobiliaria Arahuaca SL con destino a una cuenta de La Caixa en la que figuran como titulares Navarro y tres familiares suyos. La segunda consistió en el cobro de un cheque de San Mateo Palace. De estas dos operaciones tampoco quedó registro contable ni justificante.

Antes, en julio de 2008, Navarro recibió 5.000 euros en efectivo tras cobrar un cheque con cargo a la entidad Inmobiliaria El Ángel de Tepa SL. En este caso, sí se registró el movimiento en los libros de la sociedad, pero no existe ningún documento que justifique el movimiento.

En octubre de 2009, antes de presentar la denuncia, Macías pidió por burofax a Navarro que justificara los movimientos sospechosos. En dos airadas cartas de 5 y 9 de noviembre, Navarro contestó a su colega que los 80.000 euros que ingresó de Inmobiliaria Ahuaca corresponden a la "señal" que prestó un particular para adquirir un inmueble en la urbanización Las Cañas Beach, de Marbella. Esta operación se frustró debido a que la defensa de Roca recurrió el auto que autorizaba la venta.

En el resto de los casos, las transferencias y reintegros obedecen, según Navarro, "a gastos estrictamente necesarios e imprescindibles del desarrollo de la administración". Además, acusa a Macías de "una absoluta indiferencia" por los gastos en que ella incurrió durante la administración, y de cuyo reintegro debería encargarse él.

Estas razones no debieron impresionar al juez Pérez, que envió toda la documentación a los juzgados de Carmona al observar una posible "infracción penal". El caso se encuentra en el Juzgado de de Primera Instancia e Instrucción número 3 de esa localidad, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Este periódico intentó ayer en varias ocasiones, sin conseguirlo, ponerse en contacto con Navarro, tanto por teléfono como a través de su secretaria.

Un gremio judicial

- Los administradores judiciales son nombrados por los jueces para llevar la gestión ordinaria de empresas y bienes incautados en investigaciones penales.

- Los administradores suelen ser economistas, abogados o titulados mercantiles. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, su retribución es del 1% del fruto de cada venta. También pueden acogerse a la tarifa que fija su colegio profesional o pactar una retribución con el juez que lleva el caso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 16 de febrero de 2010.

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