La integración: un año de compromiso

Se cumple un año desde que se puso en marcha, por primera vez en España e impulsado por el Gobierno valenciano, un programa específico de acercamiento de la sociedad a la población inmigrante. Desde la solidaridad y el respeto, y con el objetivo de favorecer la incorporación de los nuevos valencianos a nuestra ciudadanía. Un año después podemos afirmar que la convivencia está más afianzada. Sin dejar de reconocer que en este ámbito no existen fórmulas mágicas y que el futuro siempre es imprevisible.

En noviembre del 2008, las Cortes Valencianas aprobaron la ley de integración de las personas inmigrantes, norma que venía precedida de un intenso debate social y una de cuyas consecuencias más novedosas fue el compromiso de integración. Que se lleva a cabo a través de las escuelas de acogida; una práctica muy similar a la que realizan desde hace años los países más avanzados de la Unión Europea.

Los ecos de aquel debate suenan hoy lejanos. Los argumentos folclórico-ideológicos que el PSPV y parte de la izquierda plantearon en la prensa, e incluso en el Parlamento autonómico, no han resistido el paso del tiempo. La praxis, una vez más, ha dejado sin cobertura el discurso ideológico de una izquierda incapaz de plantear con un mínimo rigor propuestas de futuro. Ni tan siquiera de planteárselas a sí misma, como demuestran los bandazos de Zapatero en inmigración y extranjería, por no hablar de otras políticas que han puesto en duda parte del prestigio alcanzado por este país.

Las políticas de inmigración tienen cuatro niveles de actuación: europeo, estatal, autonómico y local. La confluencia de dichos ámbitos es básica para la convivencia. La crisis económica y su nefasta gestión han puesto sobre la mesa las contradicciones de los gobiernos de Zapatero desde 2004. Su falta de criterio en el control de fronteras, así como las regularizaciones masivas, contrarias a las directrices europeas, obligaron a las comunidades autónomas y a las administraciones locales a emplearse a fondo ante una situación que podía desembocar en el conflicto a poco que las circunstancias lo favorecieran. Esa política vana ha perjudicado muchísimo a los ayuntamientos, que necesitan con urgencia financiación para prestar sus servicios a los inmigrantes, un colectivo débil que debe ser atendido muy especialmente.

Las políticas basadas en el laissez faire, laissez passer? que ha propugnado Zapatero en el ámbito migratorio son tan ilusas como imprudentes. Su rigidez ideológica le ha caracterizado en ésta como en tantas otras cosas. Y la constante demanda de cursos en las escuelas de acogida por parte de los nuevos valencianos para disponer de conocimientos que les ayuden a integrarse en la sociedad valenciana deja a los dirigentes del PSPV con las vergüenzas al aire. Más aún cuando otras comunidades autónomas han optado por el mismo recurso para la integración, que está recogido en el pacto europeo que el propio Zapatero firmó.

La Comunidad Valenciana ha abordado este asunto con la máxima implicación e intensidad. Primero con la creación de la actual Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, y acto seguido con una ley de integración que, con el consenso y apoyo mayoritario de las organizaciones civiles, pronto se tradujo en un pacto valenciano por la inmigración firmado entre las principales organizaciones sindicales y empresariales y la Generalitat. Poco después, se suscribieron el pacto local por la inmigración y el Plan Valenciano de Prevención del Racismo y la Xenofobia.

El compromiso de integración y las escuelas de acogida son una apuesta consensuada por la convivencia. Un año después, las asociaciones de inmigrantes, universidades, colegios profesionales y un amplio abanico de entidades hacen realidad cada día la integración. Dotan a los ciudadanos de origen extranjero de los instrumentos básicos necesarios para la convivencia y dan respuesta a una necesidad cada día más perentoria: la de acercar a los inmigrantes a la sociedad de acogida y viceversa. Favoreciendo un proceso de integración mutuo, que es el eje de toda política migratoria.

Un discurso falsamente progresista -en realidad, reaccionario- establece que no es necesario poner en marcha herramientas jurídicas y formativas que de un modo expreso favorezcan la integración del inmigrante. Que sólo basta con que esas personas cumplan las normas, y que allá se las apañen. No contentos con ello, esos falsos progresistas fueron los que, después de impulsar la política de papeles para todos denostaron cualquier compromiso de integración.

La fórmula puesta en marcha por el Gobierno valenciano es un encuentro. Un espacio en el que se ha elegido libremente aprender y vivir. Y no se puede vivir en plenitud, no se puede ser ciudadano, sin conocer las bases sobre las que se asienta esta sociedad nuestra, abierta y tolerante: los derechos y deberes, los valores democráticos, los idiomas propios, las instituciones de autogobierno...

Rafael Blasco es consejero de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz del Grupo Popular.