La actual mayoría del Consejo Escolar vota contra su reforma
El cambio legal cede al Consell el control del ente a costa de la cuota social
El pulso de la Generalitat con los agentes sociales por el control oficial del Consejo Escolar Valenciano (CEV) está empatado. Los 11 consejeros que la confederación de padres Gonzalo Anaya, la asociación de alumnos Faavaem, los sindicatos CC OO, STEPV y UGT y el representante de los Movimientos de Renovación Pedagógica aún mantienen en la permanente del consejo lograron, en la sesión de ayer, imponer su mayoría contraria al proyecto de reforma de la composición del CEV que cede el control político de este órgano consultivo al Consell , a través de nueve representantes directos y hasta 11 indirectos nombrados a dedo.
Este último mecanismo de nombramiento digital de cargos nuevos, como el defensor del discapacitado o la unidad de salud -sin someterse a consenso-, con la excusa de "adaptar el consejo a la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE)" convierte el proyecto valenciano en un caso único en todo el Estado.
Por el estrecho margen de un solo voto, la permanente del consejo aprobó que "el próximo pleno devuelva la propuesta a sus autores, la Administración autonómica", ya que "la reforma de la ley no es ni oportuna, ni necesaria". Esta valoración choca de plano con el voto a favor que la Administración tuvo en la última comisión de proyectos. El desempate se resolverá en dos semanas.
Albert Sansano, consejero del STEPV, comentó ayer que "al igual que otras organizaciones progresistas, el sindicato está preocupado por la intención del Gobierno valenciano de hacer callar las voces mayoritarias de la comunidad educativa, al imponer una ampliación de la representación de la Administración a costa de la participación educativa".
Para Luis García Trapiello, de CC OO "es un hecho que en la comisión de proyectos las enmiendas fueron derrotadas y en la permanente ha sido al revés. Por eso me pregunto: ¿para qué sirve un consejo que no resuelve por consenso sino por equis votos?". Por su parte, fuentes de la patronal de centros religiosos admiten su preocupación porque hacerse con el poder político ahora es entregarlo a los socialistas mañana.
Un proyecto de ley único
La Federación de Enseñanza de UGT distribuyó ayer un estudio comparativo de los diferentes consejos escolares en el resto de comunidades y en ninguna se da el hecho de que haya 11 puestos nombrados a dedo por la Administración autonómica, lo que convierte el proyecto de ley valenciano en único en todo el Estado.
En la comparativa se aprecia cómo en la mayoría de comunidades socialistas el profesorado tiene una representación de entre el 20% y el 26,7% como en Andalucía; mientras que con la reforma en Valencia se queda en el 18%. Un modelo que ni siquiera reproducen Madrid y Castilla-León, gobernadas por el PP igual que la Generalitat.
La reforma de la composición del Consejo Escolar Valenciano reduce los consejeros de 68 a 60, a costa de la participación de las cinco universidades públicas, que alternarían tres consejeros; de la cuota de padres, que pasa de 11 a 8 y de la de alumnos que de 11 pasan a 4.
En la mayoría de autonomías, los alumnos, que son el grueso del sistema, tienen una representación de entre el 10% y el 13%, mientras que en Valencia, con cerca de 600.000, se quedarán con un pírrico 6,6%. Lo mismo ocurre con los padres, que pierden tres consejeros, y los Movimientos de Renovación Pedagógica, que se quedan sin representación.
Fete-UGT "refuta esta reforma legislativa" porque "nace del interés perverso y egoísta de Educación por controlar ese órgano de participación educativa, para castigar a quienes se manifestaron en la calle contra la política del consejero [Alejandro] Font de Mora".
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