Tanto ganas, tanto pagas

Las gentes del ciclismo, tipos de colmillo retorcido, de los que ya han visto de todo y a los que nada les sorprende, han mostrado ante las últimas medidas de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la lucha contra el dopaje una indiferencia y escepticismo de supervivientes que resumen en un lapidario otra ocurrencia. Se refieren al artículo 326 del reglamento antidopaje de la federación internacional, según el cual todo aquel corredor al que su federación sancione con una suspensión de dos o más años deberá, además, abonar una multa acorde con sus ingresos: un año de salario neto, que la UCI calcula en el 70% del sueldo bruto que figure en el contrato. Lo recaudado alimentará la Fundación Antidopaje de la UCI. La novedad entró en vigor hace ya un año, en enero de 2009, pero hasta la semana pasada, en que la UCI anunció que Danilo di Luca, suspendido por el CONI por su positivo en el Giro 2009, debería pagar una multa de 280.000 euros, no se le había aplicado a ningún corredor. Como tampoco se sabe de ninguno de los que firmó en 2007 una carta comprometiéndose a ello que entregara su salario anual a la UCI.

La publicidad de las sanciones ofrecerá una perspectiva del panorama salarial

Aparte de castigar con más fuerza a los mejores, un concepto de justicia que figura en el código penal español, pero que ninguna otra federación deportiva aplica y que algunos juristas consideran que desfigura la sanción, la publicidad dada a las sanciones ofrece una perspectiva de la desigualdad salarial en el ciclismo o los diferentes tipos de contrato a que se someten los ciclistas. Hay corredores, figuras, como Di Luca que perciben 400.000 euros al año y otros, como Iñigo Landaluze, todo un ganador del Dauphiné Libéré, que se quedan en menos de 40.000, al menos si nos atenemos a los 27.300 euros de multa tras su suspensión. Fuentes conocedoras de su contrato, sin embargo, advierten de que gana más, de que la multa sólo tiene en cuenta su salario base, no los pluses, extras y primas varias. Peor lo tiene, sin embargo, el italiano Maurizio Biondo, cuyo sueldo, a tenor de la multa (13.750 euros), no alcanza los 27.000 euros de salario mínimo en el ciclismo.

Mientras no se sabe si los corredores acabarán pagando finalmente para recuperar su licencia una vez cumplida su suspensión -ningún tribunal aún ha juzgado ningún recurso-, los expertos concluyen que más que una función preventiva vía miedo a la sanción, el artículo 326 contribuirá todo lo más a acelerar el ciclo de renovación de asalariados: para quienes menos ganan la relación riesgo-beneficio sigue siendo positiva. Si caen, se seguirán retirando, como hasta ahora, y sin pagar multas.