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Columna
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Vueltas al pasado

Pienso que no podemos negar que nos hemos ido transformando en un Estado en el que el derecho a la igualdad, el rechazo a cualquier forma de discriminación, la reinserción de los delincuentes o la reinserción de menores que hayan cometido delitos, han ido avanzando. La mujer, que histórica y culturalmente ha sido tutelada por el hombre, ocupa un espacio que hace 30 años era impensable. Ha sido necesario no sólo que la Constitución declare y prohíba la discriminación por razón de sexo, sino que además desarrolle leyes que la hagan posible. Leyes de igualdad en todos los ámbitos. Desde el político para que se superara lo que se ha dado en llamar techo de cristal, hasta en el penal como también todo un desembarco de leyes estatales y autonómicas, en las que Andalucía ha sido un ejemplo. Se trataba de evitar que, a pretexto de la declaración programática constitucional, se mantuviera el sistema tutelado anterior. Aparecieron voces que, dando por supuesto la realidad programática, se negaban a estas leyes de igualdad o que consideraban que las leyes de protección penal, en cuanto a la violencia de género, no eran necesarias. Estaba dicho. Olvidaban el machismo como elemento desencadenante e ignoraban que en las empresas, en la política y en cualquier ámbito de la sociedad -policía, ejército, aviación o incluso en las hermandades sevillanas- todo era cosa de hombres.

La situación ha cambiado. Las voces empiezan a ser más menos escuchadas. La igualdad es más real. La nostalgia del pasado, disfrazada de razones, empieza a formar parte de la historia. No se trataban de seudoprogresismos. Se trataba y se trata de avances sociales reales. La mujer tenía y tiene derecho a ser igual.

Pues bien, otro tanto está ocurriendo en el tratamiento de las penas a los delincuentes y su valoración. Más de lo mismo en el tratamiento de los menores, en los intentos de rebajar la edad penal o en el cumplimiento de las penas que les son impuestas en centros penitenciarios de adultos cuando alcanzan la mayoría de edad. El reciente aniversario del asesinato de Marta del Castillo o la actuación de un tal y depravado Rafita, autor de asesinato de Sandra Palo y sus tratamientos mediáticos por algunas cadenas de televisión, han dado lugar a que se quiera plantear el debate sobre la cadena perpetua, la reinserción, la disminución de la edad penal o el cumplimiento de las penas por menores.

Con estos debates se intenta decir que si la edad penal se rebajara; si las penas sólo se dictaran para dar ejemplo y pasara a un segundo plano la reinserción tendríamos una sociedad más segura. Tendríamos menos rafitas, menos asesinatos y menos violaciones de menores. Es una mirada falsa y con afán de instrumentalización. Falsa por cuanto las leyes nacen y se dan con vocación de generalidad. No regulan ni puede regular casos aislados como si ya hubieran sucedido. Los casos aislados y la depravación de unos delincuentes no pueden determinar ni condicionar la actuación de la sociedad. Tampoco pueden hacer perder la perspectiva de los principios que la informan. Si esta sociedad se ha dado como valores la reinserción del delincuente y ha expulsado de su ordenamiento jurídico las penas infamantes -pena de muerte y cadena perpetua- no deben retomarse estos planteamientos de nuevo por casos singulares. No conducirían a la mejora de la sociedad. No traerían mayor seguridad. Es una sociedad que deja atrás por atávica la ley del Talión.

Pero también este uso es una instrumentalización. Y lo es porque ignora los valores constitucionales para hacer que los ciudadanos vuelvan sus miradas hacia el Gobierno y le hagan responsable de una inseguridad y una falta de castigo a medida de los sentimientos. Esconden estas miradas que las leyes no las dicta el Gobierno. Las dicta el Parlamento en el que todos los grupos políticos están y en su día votaron estas mismas leyes. Las vueltas al pasado. A la nostalgia, desandar lo ya andado en avances sociales, no traerían más seguridad. Tampoco justicia. Sí, en cambio, un retroceso constitucional. Los casos singulares no pueden ser usados para legislar con carácter general y con criterios como si cualquier tiempo pasado fuera mejor. No lo fue.

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