El TSJ valida la reserva de suelo del Consell para el trasvase del Ebro

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado la razón a la Generalitat valenciana en su negativa a autorizar la ejecución de obras en la reserva de suelo para el trasvase de Ebro. El tribunal valida así la decisión del Consell de limitar el uso y la edificación a lo largo de unas 16.000 hectáreas en 65 municipios, pese a que el proyecto de trasvase está derogado.

El TSJCV ha rechazado, al menos, dos recursos. Uno fue interpuesto por un particular, al que el Consell negó la autorización para realizar obras en una zona afectada por la reserva de suelo. El otro fue presentado por Ecologistes en Acció, que recurrió por la vía contencioso administrativa ya que, entre otras cosas, durante la redacción del plan que acogió la reserva del trazado del canal de agua no se escuchó a los agentes sociales más representativos, tal y como prevé la Ley de Ordenación del Territorio (LOT), en la que se amparó la redacción del mismo, aprobado en 2005.

Las limitaciones del Plan de Acción Territorial que incluía la reserva de suelo se centran en que las obras o trabajos que se ejecuten han de tener un carácter temporal, con el fin de que puedan desaparecer en el caso de que se ejecute el trasvase del Ebro.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, dio a conocer ayer la sentencia, dictada el pasado mes de diciembre, a raíz de la decisión de su departamento de exigir una modificación en la ubicación de la futura planta de tratamiento de residuos de La Vall d'Uixó que también está afectada por el trazado del canal de agua.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, no descartó ayer la posibilidad de que las basuras de los pueblos del norte de Castellón viajen a Alicante, pese a la oposición de los municipios de esa provincia y la negativa de los alcaldes de Xixona y Villena, donde se encuentran las plantas que podrían acoger los residuos de las localidades castellonenses. Sin embargo, el consejero lanzó otra nueva posibilidad que trasladaría el problema y la oposición a la provincia de Valencia, ya que dijo que los desechos de los municipios de Els Ports y Maestrat podrían llevarse a Algimia d'Alfara, donde, en poco más de seis meses, se pondrá en marcha una planta de tratamiento.

"Cotino puede decir lo que quiera, pero eso habrá que discutirlo y aquí también va a encontrar oposición", señaló el alcalde de Algimia, Francisco Salt, tras conocer las declaraciones del consejero.

Los obstáculos para que la basura del norte de Castellón pueda ser tratada en este municipio son varios. La planta se construye de acuerdo con los planes zonales, que ya tienen una vigencia de diez años y un importante retraso, con una delimitación geográfica muy clara para acoger la basura: Camp de Morvedre, Alto Palancia y Plana Baixa. Para esta zona se aprobó la construcción de dos pequeñas plantas, en Algimia y La Vall d'Uixó, en lugar de abordarse la ejecución de una gran infraestructura para tratar los residuos de las tres comarcas. Así, la capacidad de ambas plantas es de 60.000 toneladas al año. Sin embargo, la del Camp de Morvedre deberá acoger la basura del resto de la zona, hasta que se construya la de La Vall d'Uixó. Esta sobreexplotación impedirá, a juicio del alcalde de Algimia, que la infraestructura trate también las cerca de 100.000 toneladas que generan los pueblos del norte de Castellón. Éstos, de momento, utilizan el vertedero de Vilafranca, que será clausurado en junio.

"Nosotros somos los únicos que estamos haciendo los deberes y encima nos van a penalizar con basura de otro lado", resumió Francisco Salt.

Juan Cotino, lejos de arrojar ayer algo de luz al problema de los residuos, sólo alcanzó a decir que "todo se resuelve con buena voluntad". No hubo ni un ápice de autocrítica por los retrasos en la ejecución del plan y sostuvo: "Yo no creo que haya un problema donde hay una solución".