El pulso de Educación con el catalán cuesta 60.000 euros
El Tribunal Supremo acaba de fallar en contra del recurso de casación interpuesto por la Generalitat valenciana contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del 27 de diciembre de 2005 que condenaba a la Consejería de Educación por no reconocer la titulación de Filología Catalana en la convocatoria de las oposiciones para acceder al cuerpo docente de 2004. El fallo del Supremo, comunicado el pasado 11 de enero, obliga al recurrente a pagar las costas del recurso interpuesto. La "insumisión" del consejero Alejandro Font de Mora y del presidente Francisco Camps desde 2003 a la hora de aplicar la batería de sentencias sobre el mismo tema del Supremo en su contra ha costado a las arcas públicas unos 60.000 euros, según estimaciones de los servicios jurídicos de CC OO, que están pendientes de otra más.
Las sentencias del Supremo no son las únicas que tiene que pagar la consejería. Por primera vez, un juez del TSJ valenciano condenó en julio a la consejería a pagar los costes. CC OO considera que la "insumisión" se singulariza en el consejero Font de Mora, porque es quien dirige la política educativa, y en el director general de Personal, David Barelles, que firma la orden.
El juez Rafael Manzana Laguarda imputó entonces una conducta de "manifiesta temeridad" y desobediencia sistemática a la Administración valenciana ante la desproporcionada jurisprudencia sobre el tema que obliga a reconocer la titulación de Filología Catalana, que es la única que reconoce el Estado. El título de Filología Valenciana no existe. Se trata de 21 sentencias del TSJ valenciano, tres del Supremo (ahora cuatro) y una del Constitucional.
Font de Mora se dedicó ayer a defender su valencianismo en un acto público en el Colegio de Registradores de la Propiedad, donde presentó la traducción valenciana de la Ley Hipotecaria. El consejero defendió sin rubor el "impulso" de la Generalitat a la lengua cooficial, obviando que las normativas que emanan de su consejería recortan los derechos de los titulados valencianos, reconocidos nacional e internacionalmente en todas las universidades.
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