Señales de alarma

Estamos tocando el fondo, y su contenido es alarmante. No hay jornada que no nos traiga noticias inquietantes sobre decisiones judiciales que hacen dudar de la salud democrática de nuestra estructura social.

Con el Partido Popular en el poder tuvimos que soportar un fiscal general del Estado cuyas actuaciones no desmerecían de su cara maquiavélica, pero su sucesor y actual nos depara sorpresas que encajan muy mal en el ideal de un guardián de la equidad que vela por la aplicación ecuánime de la ley. Avalar la proporcionalidad de una sentencia condenatoria de dos periodistas que cumplieron con el sagrado deber de informar de hechos veraces y contrastados, no es precisamente una nota que justifique su alta misión institucional.

Cuando repasamos las decisiones sorprendentes de una parte significativa de la judicatura, nuestra inquietud tiene motivos sobrados. Además de la impresentable sentencia a los dos periodistas de la cadena SER (¡qué casualidad!), una juez impone una fianza importante al único alcalde que se atrevió a poner freno a la especulación urbanística, representada por un personaje como El Pocero (de apodo muy apropiado) y que ha contribuido, no se nos olvide, a la catastrófica situación económica actual, minando de paso la credibilidad en la honradez de una parte de nuestros representantes políticos. Y nada menos que el Tribunal Supremo distrae su tiempo en el acoso y derribo del juez Garzón, admitiendo denuncias de un fantasmal sindicato fascista y de un grupo representante de las esencias casposas del franquismo y que debería haber sido declarado fuera de la ley con mayor motivo que Batasuna.

¿Es ésta la justicia que merecemos los españoles? Con estos y otros ejemplos no menos inquietantes, uno duda mucho de que la transición desde la dictadura haya llegado realmente a nuestras instituciones. El franquismo sigue latiendo en el fondo de muchas de las mentes que tienen que decidir nuestra convivencia democrática.