Las líneas fijas de telefonía son cada vez más rentables

En 2003 había más de dos millones de líneas telefónicas fijas deficitarias. A Telefónica le costaba más mantener esas líneas que lo que cobraba a sus abonados por la factura. En los últimos años, esa cifra se ha dividido por tres, y ahora no alcanzan ni las 700.000, respecto a un parque total de 14 millones. La razón es que el coste de las líneas ha caído desde los 218,8 euros por línea y año que costaba en 2003 a los 176,7 euros que suponía en 2007, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

En España, cualquier ciudadano que lo solicite, independientemente de su lugar de residencia, tiene derecho a tener una línea telefónica por las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones. Las líneas deficitarias lo son bien porque están en zonas rurales o con escasa población o porque sus cuotas de abono están subvencionadas para usuarios con pocos ingresos -generalmente jubilados o pensionistas con pocos ingresos- en lo que se conoce como abono social.

La CMT calcula todos los años cuántas líneas no rentables hay y su coste, que reparte luego entre distintos operadores, según la cuota de mercado.

Como nadie quiere hacerse cargo de estos clientes, hasta el momento ha sido Telefónica la encargada de hacerlo. Aunque la progresión a la baja ha sido espectacular: 2.149.049 líneas deficitarias en 2003; 1.130.665, en 2004; 972.998, en 2005; 975.621, en 2006 y 672.464, en 2007, último año para el que la CMT ha realizado el cálculo.

Telefónica asume el 71%

Telefónica siempre ha defendido que el número de líneas deficitarias es mayor que el que dice la CMT y ha refutado aún con más ahínco la distribución que hace de los gastos del servicio universal. En 2006, último año para el que se realizó el cálculo, el servicio universal costó 75,3 millones, de los que el 71% fue asumido por Telefónica y el resto por Vodafone (20%) y Orange (9%).

El panorama puede complicarse aún más, ya que a partir del 1 de enero de 2011 cualquier ciudadano que lo solicite, independientemente de su lugar de residencia, tendrá derecho a solicitar un acceso a Internet con una velocidad mínima de un megabit por segundo (Mbps). El Gobierno ha decidido convertir la banda ancha en un derecho, incluyéndola dentro de las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones.