La Junta pide participar "al máximo" en la gestión de los aeropuertos

La Junta de Andalucía no está dispuesta a resignarse con el papel secundario que, en principio, atribuye a las comunidades autónomas el nuevo modelo aeroportuario esbozado el pasado martes en el Congreso por el ministro de Fomento, José Blanco. Amparada en las competencias que en la materia le atribuye el Estatuto de Autonomía aprobado hace tres años, la Junta aspira a tener "la máxima participación que legalmente sea posible" en la gestión de los aeropuertos andaluces, según la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar.

Con esta premisa, la consejería tiene preparado un documento de propuestas que hará llegar al Ministerio de Fomento para abrir un diálogo. "El ministro ha dibujado los rasgos del nuevo modelo, pero queremos participar en los trazos gruesos", explica la consejera, que considera "esencial" la participación de las comunidades autónomas en la gestión aeroportuaria.

La Administración autonómica no está dispuesta a conformase sólo con la participación en los comités aeroportuarios, órganos que se crearán en todas las comunidades autónomas para la coordinación de las políticas aeroportuarias y de las actuaciones urbanísticas y de ordenación territorial que tengan incidencia en los aeropuertos (áreas de servidumbre, por ejemplo) y en la que también participarán los ayuntamientos, o los comités de rutas aéreas.

Además de diseñar políticas, la Junta quiere participar en la gestión directa de los aeropuertos, y poder decidir sobre cuestiones como las tasas aeroportuarias, las concesiones de espacios comerciales, o los servicios a los pasajeros y de mercancías.

El modelo esbozado por Fomento contempla la creación de una nueva sociedad estatal, Aena Aeropuertos S.A., para la gestión de los servicios aeroportuarios en toda la red nacional, formada por 47 terminales, seis de ellas en Andalucía, la comunidad que más tiene. El 70% del capital de esta sociedad será de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que se reserva en exclusiva la competencia sobre navegación, y el resto puede ser privado.

Pero a su vez se prevé la constitución de sociedades filiales, en las que sí se abre la participación de las comunidades autónomas, ayuntamientos y órganos como las cámaras de comercio para la gestión de "aeropuertos de alto volumen de tráfico y especial complejidad en la gestión". Inicialmente esta fórmula está pensada para los aeropuertos de Barajas y El Prat; pero el Gobierno parece dispuesto también a reconocerla para los aeropuertos de las islas, Baleares y Canarias, por su singularidad. Y ahí es donde la Junta establecerá su pelea, para exigir el reconocimiento singular del sistema aeroportuario andaluz, la única comunidad con seis aeropuertos y con una línea interna, la inaugurada el viernes entre Almería y Sevilla, y con un aeropuerto internacional, el de Málaga, que es el tercero de la península en tráfico de pasajeros.

La Junta quiere que se contemple el sistema andaluz en su conjunto, que puede incorporar en los próximos años dos terminales más que ya recibieron la declaración de interés público (Huelva y Antequera) y aspira a cogestionarlo con Aena, aunque en total no suma ni 19 millones de pasajeros anuales, lejos del listón de 30 millones que en principio ideó el Gobierno para abrir la participación autonómica, aunque el martes Blanco ya no fijó cifras.

Obras Públicas quiere analizar con el Gobierno "la realidad, proyección y desarrollo" de los aeropuertos andaluces, con la idea de poder especializarlos en distintos tráficos y canalizar desde aquí las líneas con el norte de África y El Caribe.

La Junta además no renuncia a reivindicar una participación en los órganos de dirección de Aena, toda vez que el artículo 64 del Estatuto de Autonomía, además de atribuirle la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos de interés general, estipula también que "la comunidad autónoma participa en los organismos de ámbito suprautonómico que ejercen funciones sobre las infraestructuras de transporte situadas en Andalucía que son de titularidad estatal".