Los despidos masivos planean sobre las subcontratas de la empresa Elsur

Amenazas de despidos masivos, impago de nóminas, cortes de teléfono y malabares continuos para mantener el suministro eléctrico. Esta es la situación que, tras la Operación Poniente, atraviesan las subcontratas de Elsur, sociedad que se sitúa en el epicentro del saqueo a las arcas de El Ejido, cuyo alcalde, Juan Enciso permanece en prisión. Con el agua al cuello por los tejemanejes de la trama corrupta, la empresa mixta y el Consistorio, que acumula una deuda de 180 millones, prevén desmantelar paulatinamente la tupida red empresarial de la que supuestamente se valieron los artífices de la trama para enriquecerse a costa del erario público.

Para soltar este lastre, con el que finalmente se cumpliría el pliego de condiciones de la adjudicación de servicios municipales a Elsur, en el que se prohibían sin matices las subcontrataciones, el Ayuntamiento prevé una drástica reducción del canon que abona a la sociedad: de los 33 millones de años anteriores a alrededor de 15 para 2010.

Esta caída en los ingresos de la empresa de servicios, que redunda en su situación de bancarrota, ha motivado que ésta comunique a las tres firmas del empresario Juan Antonio Galán, encarcelado por la trama, su intención de reducir el precio del contrato que mantienen, previo paso a la rescisión del mismo. La medida lleva aparejada una "ineludible" reducción "drástica" de personal, según consta en un escrito de la apoderada de estas empresas, que cuentan con 87 trabajadores. "Ésta no es la manera", critica el coordinador de Administración Local de CC OO en El Ejido, Juan López, quien rechaza que sean los trabajadores los que paguen por las irregularidades que, durante años, se han cometido en torno a Elsur, cuyo Consejo de Administración preside ahora el alcalde accidental, Ignacio Berenguer. Mientras cuelgan de un hilo al menos la mitad de puestos de trabajo de estas mercantiles, a sus empleados se les adeudan los salarios de noviembre, cuya cuantía global asciende a 112.000 euros, y diciembre.

En las mercantiles del sevillano José Antonio Amate, también encarcelado, la situación no es mucho mejor. Con el teléfono e Internet cortados por impago y sin dinero incluso para pagar los folios con los que imprimir las nóminas de sus 86 empleados, la continuidad o nulidad del contrato que Elsur mantiene con estas firmas pende de un laudo arbitral mercantil previsto para febrero. Durante el mismo mes se celebrará el juicio por cesión ilegal de trabajadores en estas empresas, que suponen en el último eslabón en este proceso de metástasis empresarial.