División en el Supremo sobre si juzgar de nuevo a López e Ibarretxe

La Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentra dividida sobre la posibilidad de sentar en el banquillo al lehendakari, Patxi López; al consejero del Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares; al anterior jefe del Ejecutivo, Juan José Ibarretxe, y a los miembros de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y Juan José Petrikorena, por las conversaciones que mantuvieron en el verano de 2006 con intención de conseguir el cese de la violencia en el País Vasco, según fuentes del alto tribunal.

El próximo miércoles, cinco magistrados de la Sala Penal del Supremo se reunirán para decidir si López, Ibarretxe -que ha abandonado la política activa- y sus interlocutores abertzales tienen que ser juzgados por las conversaciones mantenidas en plena tregua de ETA y con la finalidad de poner punto final al terrorismo, o si por el contrario se archiva definitivamente su caso, tal y como decidió ahora hace un año, por dos votos frente a uno, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En el caso de que el Supremo decidiera que deben ser juzgados, el Foro de Ermua solicita nueve meses de prisión para López, y Dignidad y Justicia, entre uno y tres años de cárcel.

La Sala Penal debe decidir si prevalece lo acordado sobre Botín o sobre Atutxa

La discrepancia tiene su origen en que el propio Tribunal Supremo adoptó dos resoluciones de sentido diferente en casos aparentemente idénticos. En el primero, en diciembre de 2007, la Sala absolvió al primer banquero de España, Emilio Botín, por entender que en los casos que se tramiten por el procedimiento abreviado, si el fiscal o el directo perjudicado por el delito no acusa, no es posible abrir el juicio oral a instancias de la acusación popular, es decir, de un ciudadano cualquiera.

Por el contrario, cuatro meses después, en abril de 2008, el Supremo condenó por desobediencia al entonces presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y a los integrantes de la Mesa de la Cámara Kontxi Bilbao y Gorka Knorr, aplicando un criterio radicalmente distinto. En una reinterpretación del precepto, la Sala decidió que en aquellos casos de delitos que carecen de perjudicados concretos y nadie ejerce la acusación particular, la acusación popular puede instar la apertura del juicio oral aunque el ministerio fiscal no acuse.

El caso es que ya en 2006 y por estos mismos contactos, la Sala Segunda inadmitió una querella del pseudosindicato Manos Limpias que en aquella ocasión se dirigía contra el presidente del Gobierno, los miembros del Consejo de Ministros, López y Ares por delitos de prevaricación, desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar. El tribunal estaba integrado por los magistrados Juan Saavedra, Siro García, Carlos Granados, José Manuel Maza y Miguel Colmenero y estimaron que "los hechos no eran constitutivos de ilícito penal alguno".

Pero ahora, el tribunal está también presidido por Saavedra, pero lo integran Maza, Julián Sánchez Melgar, Alberto Jorge Barreiro y Andrés Martínez Arrieta, que actúa de ponente. Y la mayoría considera que es preferible la doctrina Atutxa a la doctrina Botín.

El fiscal ha instado la inadmisión a trámite del recurso del Foro de Ermua y Dignidad y Justicia. Por un lado, considera que no se debe admitir el recurso cuando no se respetan los hechos que la sentencia de instancia declaró probados y cuando el recurso carezca manifiestamente de fundamento, y por otro, cuando el Supremo hubiera desestimado otros recursos sustancialmente iguales.

Por si sirve de referencia, el ponente ya votó a favor de la doctrina Botín y se opuso a la aplicada sobre Atutxa, así que previsiblemente es partidario del archivo definitivo de la causa, aunque el debate está servido.