Un año con el dinero congelado

Hace poco más de un año, el Banco Privado Portugués (BPP) era considerado un modelo en el mundo de las finanzas lusas, a salvo de cualquier turbulencia en los mercados. Hoy, al borde de la quiebra, lleva 12 meses intervenido por el Gobierno, con los depósitos congelados de unos 4.000 clientes que invirtieron en un producto garantizado (retorno absoluto), y sobrevive de un préstamo de 450 millones de euros con aval del Estado. Su anterior presidente, João Rendeiro, está en la mira del Departamento de Investigación y Acción Penal de Lisboa por varios delitos, y la Comisión Europea pide explicaciones a las autoridades portuguesas sobre el supuesto plan de viabilidad del banco.

El Gobierno anunció la semana pasada la creación de un Fondo Especial de Inversión (FEI) que debería reunir el patrimonio de los clientes afectados en un valor inicial de 1.200 millones de euros y permitiría empezar a devolver los fondos bloqueados a partir de marzo. Jaime Antunes, líder de una de las asociaciones de damnificados, señala sin entusiasmo que "por primera vez el Gobierno ha asumido una relación con los clientes. Ha entrado en el proceso anunciando que está dispuesto a dialogar y presionar a las entidades para que el FEI sea creado urgentemente".

La entidad sobrevive gracias a un préstamo con el aval del Estado

El Gobierno aprueba un fondo para compensar a los afectados

La Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) ha señalado que faltan tres elementos para autorizar el fondo especial, a pesar de estar reunidas las condiciones legales: una lista definitiva de los activos y pasivos que formarán parte del fondo, la opinión del Revisor Oficial de Cuentas y la definición de la remuneración de la sociedad gestora. La CMVM reclama estos datos al BPP desde hace seis meses.

Los problemas del BPP salieron a la luz el 20 de noviembre de 2008, cuando Rendeiro, fundador y todavía presidente del Consejo de Administración del BPP, solicitó la garantía del Estado para un préstamo de 750 millones de euros. El Banco de Portugal rechazó la petición. Días antes, la agencia calificadora Moody's había rebajado la nota del BPP y advertido de que la situación del banco era de "grave desequilibrio financiero". Rendeiro dimitió el 28 de noviembre y tres días después el banco regulador intervino y nombró una administración provisional encabezada por Adão da Fonseca, con el mandato de poner en marcha un plan para salvar la institución, que incluía un préstamo de 450 millones de euros, negociado con seis bancos.

Para evitar que los clientes retirasen en masa sus ahorros, quedaron congelados los depósitos que éstos habían invertido en productos de retorno absoluto. "Eran clientes que no querían correr riesgos y que firmaron un contrato con el banco, según el cual éste garantizaba el capital más los intereses. El banco incumplió el contrato, al no contabilizar en sus cuentas esta responsabilidad y transformar un producto garantizado", explica Jaime Antunes. Cuando los clientes, auditores u otras entidades miraban al BPP veían un banco bien capitalizado, porque no tenía las responsabilidades principales inscritas en el balance. "Ha habido una grave laguna de fiscalización y supervisión", critica el portavoz de los clientes, que responsabiliza a la CMVM y al Banco de Portugal por no haber ordenado ninguna investigación.

El problema se produjo porque el banco hacía contratos de corto plazo, renovables a tres o seis meses, con productos de madurez de largo plazo. Cuando estalló la crisis de los mercados en 2008, los productos financieros que compraron para las carteras de los clientes se devaluaron en un 50%. Lógicamente, los clientes con contratos de corto plazo querían retirar los fondos. Y el dinero no estaba. El banco nunca ha publicado una lista de clientes afectados, pero los de retorno absoluto rondan los 4.000, con unas 1.700 cuentas, porque hay cuentas que tienen más de un titular, con una cartera de unos 1.200 millones de euros.

Ha pasado un año desde la intervención del BPP. Con el préstamo de 450 millones de euros, el Estado dio instrucciones de pagar prioritariamente a otras instituciones financieras (cajas de crédito agrícola, para evitar movilizaciones campesinas), bancos extranjeros (Citibank, Fortis) y ayuntamientos. Pero el dinero no alcanzó para todos, y el número de acreedores aumentó. "Esta distribución del dinero privilegió a determinados acreedores en detrimento de otros", sostiene Antunes.

Además de los clientes de retorno absoluto, hay otros afectados por la crisis del BPP. Como los que invirtieron en productos de capital riesgo, entre los que figura un número apreciable de españoles en Vigo y Madrid. Liminorke, con 256 accionistas, empresa portuguesa que invirtió en valores energéticos, tiene un depósito en el BPP de 53,4 millones de euros; la española Kendall Develops, con 150 accionistas, que fue abandonada por el banco, y Private Financeiras, que está prácticamente quebrada. El BPP gestionaba estas empresas a través de contratos de gestión, por los que cobraba comisiones millonarias (unos cuatro millones de euros anuales en los casos de Liminorke y Kendall). En este sector de capital riesgo, el dinero comprometido con el BPP asciende a 800 millones de euros.

Algunos clientes han participado en manifestaciones de protesta y han ocupado oficinas del banco. Otros escribieron a Bruselas y lograron que la Comisión Europea abriera recientemente una investigación sobre la operación de salvamento del BPP por parte del Gobierno portugués, para determinar su compatibilidad con el Derecho comunitario. La Comisión había aprobado en marzo pasado la garantía del Estado al préstamo de 450 millones de euros, condicionada a un plan de reestructuración y viabilidad del banco en seis meses que no ha visto nadie.