Las 10 viviendas ilegales de Chiclana se terminaron con orden de derribo dictada

La espera es tensa en Chiclana. Los inquilinos de las diez casas ilegales de la zona de Majadillas Bajas desconocen cuándo exactamente serán derribadas sus viviendas, sentenciadas por orden judicial. Hoy han convocado una reunión con familiares y vecinos para recabar apoyos que eviten la ejecución de la orden judicial. Pero el Ayuntamiento ya ha avisado de que no tiene más remedio que atender la decisión del juzgado. El Consistorio ha recordado que el constructor de estas edificaciones terminó de levantarlas cuando ya conocía que sobre ellas existía una orden de derribo.

Mediante fotografías areas el Ayuntamiento demostró ayer cómo el promotor de esta urbanización parceló de forma ilegal un terreno que estaba baldío en 2005. En tres años ya había levantado las casas y las había dividido en las diez zonas actuales. Pero antes de finalizarlas, en febrero de 2007, ya se había dictado la sentencia que dictaba su demolición. Entonces las obras estaban en una primera fase. La orden instaba a restituir la legalidad e impedía hacer uso de ellas. Aún así el promotor continuó con la construcción e incluso terminó una calle para poder acceder a los inmuebles.

Las casas se levantaron en suelo no urbanizable sin ningún tipo de licencia en una parcela de 4.700 metros cuadrados, de la que resultaron diez viviendas con 100 metros cuadrados construidos y un terreno de 400 cada una. El Consistorio aportó ayer las fotografías tomadas desde el aire en los años 2005, 2007 y 2008. En la primera, no había nada construido. En la segunda, se detectan los primeros ladrillos. Es entonces cuando la Gerencia de Urbanismo, bajo el mandato del gobierno cuatripartito del PP, IU, PA y PSA, denuncia esos trabajos e insta al promotor a paralizarlos. Se iniciaron trámites para impedir la venta de las viviendas. Según consta en la sentencia judicial, el constructor llegó a romper hasta en seis ocasiones los precintos que se colocaron para impedir la continuación de las obras. Además permitió que las casas fueran ocupadas por familiares y otros inquilinos, que pagan alquileres mensuales de 550 euros mensuales.