"Estamos peor que hace tres años"

Una ola naranja recorrió ayer las calles de Valencia y Castellón, por la mañana, y de Alicante, a media tarde, para exigir al Consell de Francisco Camps que "reactive" la ley de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y que haga efectivas las ayudas públicas para los que no pueden valerse por sí mismos.

Las marchas, organizadas por las plataformas en defensa de la ley de dependencia, fueron coloridas y animadas. La más numerosa fue la de Alicante, que reunió a entre 1.500 y 2.000 personas, según la organización. Las 500 personas que se concentraron en Valencia ante la Secretaría Autonómica de Bienestar Social, el departamento que gestiona las ayudas, recorrieron varias calles centrales coreando consignas contra el Consell y la persona de su presidente. "Al del trajecito, que le den el finiquito", repetían. El lema de las tres marchas era el mismo: "Han pasado tres años y estamos peor".

"La ley se aplica mal y tarde y eso restringe nuestros derechos"

La ley de dependencia se aprobó en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2006 y entró en vigor en 2007. La Generalitat gestiona la aplicación de la norma y las prestaciones a dependientes las pagan el Estado y el Consell a partes iguales.

Las plataformas de apoyo a la ley denuncian que el Consell ha hecho lo posible por impedir la aplicación de la ley en la Comunidad Valenciana. El primer paso fue crear una agencia de evaluadores de las personas dependientes que ha dilatado el proceso. Jaime García, responsable de la plataforma en Valencia, aseguró ayer que la ley se aplica "mal y tarde" y eso "restringe el derecho de los dependientes". Según García, después de tres años cerca de 70.000 personas todavía esperan ser evaluadas, 13.000 han fallecido sin haber podido optar a ayudas públicas por negligencia del Consell y otras 30.000, reconocidas como dependientes antes de verano, sólo empezarán a recibir las ayudas el año próximo porque la Generalitat no tiene dinero.

Jorge Alarte, secretario general del PSPV, lamentó "el boicoteo" de Camps a la ley estatal, y Mònica Oltra, de Iniciativa, tachó la dependencia de "asignatuva suspendida" por el Consell.