"Si me echan, me quedo en la calle"

"Me corto las venas si aparece un Guardia Civil para quitarme mi casa". Isabel Tocino estaba ya desesperada cuando empezó a proferir amenazas y gritos delante de su vivienda. La noche anterior había sabido que una empresa de demolición tenía intención de derribar su casa de forma inminente. Al Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), donde se calcula que existen unas 15.000 viviendas ilegales, se le agotaba ayer el plazo para ejecutar una orden judicial que obligaba a tirar la casa de Isabel y otras nueve más en la zona rural de Majadillas Bajas. Los inmuebles, de 100 metros cuadrados construidos y parcelas de otros 400, fueron levantados en suelo no urbanizable sin ningún tipo de licencia.

Las 10 viviendas fueron denunciadas en 2007 por carecer de licencia

La presión vecinal pudo parar ayer las piquetas. Al menos, de momento. La orden judicial no se ejecutó. La empresa contratada para la demolición argumentó que faltaba documentación para poder cumplir la orden. Todos, salvo los inquilinos de esas casas, dan por hecho que las viviendas terminarán cayendo. De hecho, ellos conocían la sentencia contra sus viviendas pero no sabían hasta esta semana las intenciones de acometer de forma inminente el derribo. Por eso ayer más de 200 personas protestaron en medio de una enorme tensión y una imponente presencia policial, con medio centenar de efectivos municipales. También fue avisada la Guardia Civil en previsión de disturbios.

Las viviendas están denunciadas desde 2007. Los inmuebles, unifamiliares son de un único promotor y están ocupados por inquilinos que pagan un alquiler de 550 euros al mes. Son familias humildes y muchos de sus miembros reconocieron estar en una delicada situación económica. "Yo tuve que vender mi casa de Puerto Real e irme de alquiler hasta aquí. Ahora, si me echan, me quedo absolutamente en la calle. A mí no me importa vivir debajo de un puente pero ¿qué hago con mis hijos? Aquí hay muchos menores de edad. Que les protejan", exigió Estefanía Laínez, otra de las afectadas.

Según detalló el Ayuntamiento de Chiclana, las 10 viviendas fueron denunciadas en febrero de 2007 por carecer de licencia. Entonces todavía estaban en obras. La Gerencia de Urbanismo llegó a ordenar el precinto de los trabajos pero la promotora lo rompió hasta seis veces. El expediente de construcción ilegal derivó en sentencia judicial que obliga al Consistorio en octubre de este año a ejecutar el derribo antes de dos meses, un plazo que se acababa ayer.

La promotora recurrió pero la juez encargada del caso lo rechazó. Aun así, el propietario de las casas permitió que fueran ocupadas. La empresa promotora y su arquitecto están siendo investigados también por falsedad documental. Los vecinos arremetieron ayer con duras críticas contra el equipo de gobierno, del PSOE, aunque el expediente contra estas casas se abrió en 2007, cuando gobernaba un cuatripartito formado por PP, IU, PA Y PSA.