La Diputación de Málaga se atrinchera frente a la ley del Suelo por la Axarquía

La campaña de todos los partidos en la provincia de Málaga para eximir a los alcaldes de cualquier responsabilidad penal por la proliferación de viviendas en el suelo rústico no urbanizable en la comarca de La Axarquía, y atribuir el desorden a un marco normativo "ambiguo, disperso y cambiante", tiene dos estiletes institucionales: la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental y la Diputación de Málaga. En ambas se suceden desde hace dos años los acuerdos y resoluciones en los que se insta a la Junta a modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), también conocida como ley del Suelo.

En su última sesión plenaria, el pasado día 1, la Diputación aprobó por unanimidad emplazar al Gobierno autonómico a que redacte un reglamento, "de forma que se acabe con la indefinición que en la actualidad existe en el tratamiento del suelo no urbanizable en las diferentes provincias andaluzas", y que "se sepa de una manera clara las actuaciones permitidas y prohibidas en el suelo no urbanizable". No es algo novedoso en el doctrinario político de este organismo, pero lo llamativo del caso es que dicho pronunciamiento se adoptó apenas cuatro días después de que el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, ofreciera a la Mancomunidad de Municipios una fórmula para acelerar el proceso de redacción de los planes de ordenación urbanística de 16 municipios que siguen sin ningún tipo de norma municipal. Espadas se comprometió a que equipos contratados por la Junta los terminen en un año, siempre que haya un acuerdo plenario de los ayuntamientos que accedan, entre otras cuestiones, a dejar de dar licencias en el suelo no urbanizable.

El responsable de urbanismo del PSOE apoyó una moción contra la Junta

Espadas insistió en que los planes son medios imprescindibles para la seguridad jurídica y poder abordar la normalización de la situación, de forma similar a como se ha hecho en Marbella.

En aquella reunión, además, Juan Espadas insistió en que la actual LOUA, tal y como está redactada, es "muy clara" sobre lo que se puede y no se puede hacer en el suelo no urbanizable. Y explicó que ofrece muchas posibilidades de actuaciones a una comarca con vocación turística como La Axarquía, pero que el problema es que tienen que estar suficientemente justificadas. El consejero señaló que está en redacción un reglamento para adaptar la LOUA a la nueva Ley del Suelo estatal y que se podría aprovechar, por si es necesario introducir alguna aclaración. Pero dejó muy claro que "en ningún caso el reglamento va a permitir lo que la ley no permite".

Pese al anuncio, el grupo socialista en la Diputación -que está presidida por quien es secretario de política urbanística del PSOE andaluz, Salvador Pendón- mostró su acuerdo con la propuesta que el PP llevaba al pleno de cuatro días más tarde, y la convirtió en una moción institucional. Eso, pese al tono de la exposición de motivos, que dejaba en muy mal lugar a la Junta, y que argumentaba "la precaria situación en la que la indefinición y omisión de los órganos competentes de la Junta de Andalucía, que teniendo la obligación de reglamentar, no reglamentan".

En la parte expositiva se contienen afirmaciones como que las imputaciones judiciales de alcaldes de Málaga, no en otras, "es por todos conocidos" que tiene su origen en la LOUA, y se pregunta si no cabría también imputar prevaricación omisiva a la Junta por "no aceptar su responsabilidad y desarrollar reglamentariamente la ley, como la misma ordena". El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, argumenta que "lo importante de una moción es la parte resolutiva" y que ahí no se dice nada en contra de la LOUA, sino que se pide el reglamento. Habitualmente, los grupos en los ayuntamientos de uno u otro partido no suelen apoyar mociones en las que, aunque compartan las propuestas, se recogen críticas a la gestión de las instituciones gobernadas por el adversario.

Pendón niega actuar por libre y aduce, además, que el consejero Espadas tenía conocimiento previo de la moción. Fuentes de la consejería han admitido que el consejero fue informado por Pendón de la existencia de la moción, y que le dijo que iba a pactar una transaccional para apoyarla. De no apoyarla el PSOE, la moción se hubiera aprobado en el pleno con los votos de PP e IU. En la transaccional pactada no se modificó la parte expositiva del PP, y se introdujo un punto por el que la Diputación se compromete a "prestar la colaboración a la Junta y a los ayuntamientos que carezcan de figuras de planeamiento, para que dispongan de ella en el menor plazo de tiempo posible".

En la actualidad, al menos 19 de los 31 alcaldes de la comarca están inmersos en procesos judiciales por autorizar o permitir viviendas en suelo rústico.