Batalla política por el empleo

Desafiar a un juez no parece propio de un cargo político. Pero a veces ocurre. Francisco Díaz Ojeda (ex IU), alcalde de Bollullos Par del Condado (Huelva), decidió la semana pasada no acatar las órdenes del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva. La sentencia firme para readmitir a seis de los 30 trabajadores que el edil había despedido por "ser afines al PSOE" no le impidió prescindir de ellos de nuevo. El actual alcalde, que desbancó al socialista Carlos Sánchez a través de una moción de censura junto al PP en junio de 2008, volvió a despedirlos dos horas después.

El Ayuntamiento había enviado una carta de readmisión en la que se les citaba para el lunes. Ese mismo día, satisfechos por la reincorporación, ficharon a las ocho en punto. Dos horas les duró la alegría. A las diez los expulsaron de nuevo. Ya "hartos de todo", como ellos mismos se declaran, los 30 afectados se congregaron a las puertas del consistorio el pasado viernes. Exigían "de una vez" sus derechos. Portaban montañas de fotocopias con las sentencias del caso, la carta de readmisión, el retraso en las nóminas y la denuncia que interpusieron ante la Guardia Civil por "acoso psicológico, ansiedad y depresión". "Nos han echado por llevar el escapulario", protestaban casi a coro. Se referían a la afiliación al PSOE que, según contaban, el actual alcalde lo llama de esta forma. "Nos lo ha dicho a la cara", aseguró Dolores Coronel, de 40 años y trabajadora en la limpieza viaria.

El Ayuntamiento alega que las plazas no existían y no se pueden pagar

Mientras hablaba, vio pasar, en uniforme, a la "nueva limpiadora". Según Coronel, a muchos de los ex empleados ya los han sustituido, aunque desde el consistorio se niega rotundamente este punto. El argumento oficial del despido es que "esas plazas no existían, no se pueden pagar y no son necesarias". Así de claro se pronunció Francisco José Martín (PP), actual teniente alcalde. "Sánchez les hizo un contrato hasta junio de 2011 en vez de hacerlos fijos. Ahí comenzó el problema", afirmó.

"Lo que pretendía era meter a esos 40 empleados, todos del PSOE, para ahogar aún más al Ayuntamiento". Según el concejal, hubo informes técnicos en los que se probaba que no había presupuesto suficiente para tantas personas. Entre ellos, señaló Martín, uno del Consejo Consultivo de Andalucía que dictaminaba que "esos contratos eran nulos". "Sabemos que los metió por ser del PSOE y esos puestos ni siquiera existen", denunció.

"Fíjate si son prescindibles, que llevamos siete meses sin ellos". Este punto es calificado por los afectados como "mentira". Respecto a las indemnizaciones, Martín muestra un papel con sentencias firmes por un valor de tres millones de euros que adeuda el Ayuntamiento. "En total, Sánchez dejó una deuda de 16 millones", asegura. El ex alcalde está imputado por presuntas irregularidades urbanísticas.

Las versiones son tan contradictorias que nadie se aclara realmente de qué ha ocurrido en Bollullos. Los afectados se remontan al 2000 para contar la historia. Entonces Sánchez, aún en el poder, despidió a cuatro trabajadores municipales de IU. Uno de ellos resultó ser la esposa del actual alcalde.

En aquel momento, por otra resolución judicial, los cuatro empleados recuperaron sus puestos. Ocho años después, la tortilla dio la vuelta. En el poder se encuentra Francisco Díaz Ojeda y los despedidos son los amigos de Sánchez, todos socialistas. El pasado viernes, el alcalde recibió finalmente a varios trabajadores.

La portavoz del grupo, Esther del Toro, se mostraba decepcionada a la salida de la reunión. "Que no hay dinero", dijo casi sin voz. Todos se agolparon a su alrededor. "No nos van a pagar por ahora y no nos dejarán volver".

La mala noticia pasó de rostro a rostro. "Muchos no cobramos el paro, tenemos hijos, llega la Navidad, no tengo para comer...", fueron algunos de los lamentos. Según la portavoz, se les debe 20.000 euros a cada uno de ellos.