Málaga reduce los contratos directos tras la dimisión de Marmolejo

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha entendido que debe introducir mecanismos de control más eficaces en los contratos menores -los que no precisan convocatoria de concurso público- ante la polémica desatada en algunos distritos y que, entre otras consecuencias, ha costado la dimisión del concejal Manuel Marmolejo por haber adjudicado obras a una empresa de su cuñado.

Tres días después de esta renuncia, la concejal de Economía, Carolina España, anunció ayer una serie de medidas con las que se persigue "dar mayor transparencia" a estas contrataciones. Por un lado, se van a restringir en número, y además serán todos anunciados previamente en la página web municipal para que pueda haber libre concurrencia. "Estamos obligados a hacer las cosas bien", dijo España, y es que el Consistorio quiere romper con la concentración de contratos de los distritos en unas pocas empresas y con el exceso de adjudicaciones por el importe límite a partir del cual se exige concurso público (50.000 euros tras una reciente reforma legal, antes 30.000). Desde 2006, el Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado obras y servicios en contratos menores por 31 millones de euros.

Además, se va a ofrecer a los grupos políticos de la oposición la presidencia de las mesas de contratación. España resaltó que se trata de una apuesta que "ninguna otra administración ha hecho" y que va "mucho más allá de lo que nos exige la ley".

En esencia, las medidas que el Ayuntamiento aplicará a partir de enero tratan de limitar al máximo los riesgos de que puedan producirse nuevas irregularidades. Ya ocurrió meses atrás con los contratos negociados, que el equipo de Gobierno decidió también hacer públicos y no sólo invitar a presentar ofertas a tres empresas, como requiere la ley, después de que se constatara que en el área de Turismo se invitó para algunos concursos restringidos a firmas que, aunque con nombre distinto, tenían los mismos dueños.

El último aviso de alerta lo dio anteayer el concejal de Campanillas, José Hazañas, que también ha estado en el centro de la polémica por los excesos de contratos que adjudicó a un empresario que fue representante del PP, al reconocer que, como Marmolejo, el también desconocía que la Ley de Procedimiento Administrativo impide contratar a familiares de hasta cuarto grado.

La limitación de contratos menores se impone de manera especial en los distritos, de forma que sólo el 10% del presupuesto anual de cada uno de ellos en obras y servicios podrá ser objeto de contrato menor y el 90% tendrá que adjudicarse por procedimiento abierto o negociado.

Se establece además un sólo contrato menor posible por cada una de las cuatro categorías en que se han agrupado los contratos: microactuaciones en vías públicas, acerado y asfaltado; mejora de alumbrado público; mejora de parques y jardines, mobiliario público y zonas deportivas; y de mantenimiento de colegios y servicios.