Nuevo tropiezo para expropiar el hotel del Algarrobico

El desistimiento del Estado de continuar con el proceso de expropiación del hotel del Algarrobico, ubicado en terrenos protegidos del Parque Natural almeriense de Cabo de Gata-Níjar, ha quedado suspendido "por imperativo legal", según Greenpeace, colectivo que interpuso un recurso de alzada para paralizar esta decisión en junio pasado.

Tras medio año a la espera de una resolución por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la responsable de Costas del grupo ecologista, Pilar Marcos, informó de que la decisión de frenar la expropiación carece de validez al haber incumplido el gabinete que encabeza Elena Espinosa la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que fija en 30 días el plazo para responder a estas cuestiones. "La falta de respuesta al recurso es una clara y evidente forma de vulnerar los derechos medioambientales y los derechos a una tutela judicial efectiva", subrayó Marcos antes de señalar que Greenpeace ha instado nuevamente a Medio Ambiente a aclarar la situación del expediente del hotel, cuyos 65.000 metros cúbicos de hormigón afectan a suelos de especial protección, además de invadir el dominio público.

"Los motivos que en 2005 fundamentaron la declaración de utilidad pública de los terrenos" sobre los que se alza el edificio promovido por Azata "no han desaparecido", ahondó la responsable del colectivo, que acusó directamente a la Administración central de incumplir la ley en el caso del polémico hotel.

Fuentes del ministerio informaron, por su parte, de que la resolución al recurso planteado por Greenpeace es inminente y recordaron que el desistimiento de la expropiación se produjo a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva los recursos planteados a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería, que en septiembre de 2008 ordenó la revisión de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Carboneras al considerarla nula de pleno derecho.

Estas fuentes señalaron que una vez el alto tribunal dicte su resolución, con la que la situación jurídica del inmueble podría alterarse totalmente, la expropiación se retomaría en el caso de que fuera necesario, puesto que la voluntad del Gobierno y de la Junta sigue siendo la demolición del edificio.