Garzón imputa al gerente del Incasòl y a las esposas de Alavedra y Prenafeta

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio ayer un nuevo impulso a la investigación del caso Pretoria de corrupción urbanística e imputó a otras 11 personas, que declararán entre hoy y mañana. En esa relación figura Emili Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que dimitió al poco de conocerse la decisión judicial. Mas está acusado de un delito de actividades prohibidas a funcionario público por su "fluida relación" con Luis García Sáez, Luigi, el cerebro de la trama, para desarrollar diversas operaciones urbanísticas en Santa Coloma de Gramenet. El PSC reaccionó ayer con prontitud y suspendió de militancia a Emili Mas, pese a que hace unas semanas el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, defendió con ardor la inocencia de Mas.

El auto dice que el alcalde de Llavaneres perjudicó al Ayuntamiento

En la relación de imputados figuran también Doris Malfeito y Maria Lluïsa Mas Crussells, esposas, respectivamente, del consejero de CiU Macià Alavedra y de Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia con Jordi Pujol. Garzón las acusa de un delito de blanqueo de capitales por facilitar el cobro de comisiones de sus esposos a través de las sociedades de las que eran administradoras. También ha sido imputada Josefina Calvet, madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, por un presunto delito de cohecho, al haber intervenido en representación en una sociedad a cambio de un millón de euros.

En la relación de imputados figura también Víctor Ros Casas, del PP, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres de 2003 a 2007, que presentó ayer su baja de militancia. Garzón le acusa de asociación ilícita, al igual que al que fue concejal de Urbanismo Antonio Jiménez Gómez, del PSC, que fue suspendido de militancia, y al arquitecto municipal de Santa Coloma de Gramenet, Lluís Falcó.El juez Garzón asegura que durante el tiempo que Víctor Ros ocupó la alcaldía de Sant Andreu de Llavaneres "se tomaron decisiones que favorecieron a algunos de los imputados en perjuicio del propio Ayuntamiento". El ejemplo más ilustrativo de esta actuación es la Operación Niesma, desarrollada entre el 23 de mayo de 2003 y el 17 de abril de 2007, que se inició con la compra de unos terrenos en Sant Andreu de Llavaneres por parte de Niesma Corporació, que firmó un convenio con el Ayuntamiento y se produjo una recalificación urbanística para aumentar la edificabilidad. La finca fue vendida a la sociedad Proyecto Inmobiliario Valiant, que pagó una comisión a la sociedad Poliafers, que había sido administrada por Maria Lluïsa Mas Crussells, la esposa de Prenafeta.

El auto de Garzón asegura que la mujer "habría ayudado a éste en la actividad destinada a purificar los beneficios de las actividades presuntamente ilícitas de aquél". La dirección de Convergència aseguró ayer que no haría público si las esposas de Alavedra y Prenafeta son militantes del partido. También anunció que no suspendería de militancia al arquitecto Genís Carbó, otro de los imputados y que supuestamente cobró 244.000 euros de Niesma y que a través de una empresa de su propiedad favoreció ciertas operaciones, según Garzón.

Con las 11 nuevas imputaciones acordadas ayer por Garzón ya son 20 las personas acusadas en esta investigación. Cinco de ellas permanecen encarceladas desde el pasado 30 de octubre. Se trata de Alavedra, Prenafeta, Luis García

Sáez, Luigi, considerado el cerebro de la trama, así como el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y el ex teniente de alcalde de Urbanismo de esa ciudad Manuel Dobarco, para el que Garzón acordó ayer su libertad bajo fianza de 200.000 euros.

Garzón considera que la madre de Muñoz habría intervenido en representación de su hijo y de un hermano de éste en una operación urbanística de intermediación a cambio de un millón de euros: 865.040 habrían sido para la mujer y 134.595 para el ex alcalde. La sociedad a la que representó la madre de Muñoz es Zelling Gestión Inmobiliaria SL, adquirida por Luigi.

Garzón también imputó ayer a Juan Felipe Ruiz Sabido, consejero delegado de la sociedad Marina Badalona SA y consejero de BBW SL. Se le considera una persona muy próxima a Luigi, y desde su cargo podría haber adoptado diversas decisiones para favorecerle. La más importante fue la compra por parte de Marina Badalona SA de un terreno en el puerto que fue vendido después con una revalorización considerable y que favoreció a intereses particulares. El alcalde de Badalona, Jordi Serra, pidió ayer a Ruiz Sabido que dimita.

Al margen de esa lista de 11 imputados, el juez Garzón ha citado a declarar para el próximo 12 de enero a una decena de testigos, entre los que se encuentra Maite Arqué, ex alcaldesa de Badalona por el PSC.

Por otra parte, Garzón, acordó ayer que la Oficina Antifraude de Cataluña administre y gestione la empresa municipal de servicios de Santa Coloma de Gramenet, Gramepark, que supuestamente sirvió para articular diversas operaciones que están siendo investigadas. Garzón ha adoptado esta decisión tras consultar con los responsables de este organismo, que en las últimas semanas ha visto incrementadas sus competencias al reformarse su reglamento.