Fiados, créditos y matanza

Cualquier empleado público recibe con alivio el primer día del mes porque es sinónimo de cobro de nómina. Pero en Orcera (Jaén), la veintena de trabajadores municipales y los nueve bomberos del parque de extinción de incendios llevan cinco meses consecutivos viendo cómo llega el día 1 y su situación personal y familiar no hace más que agravarse. Desde antes del verano no reciben dinero alguno por la quiebra técnica de su Ayuntamiento, inmerso desde hace tiempo en un caos financiero y político como refleja el hecho de que haya tenido cuatro alcaldes en apenas dos años.

Resulta complicado cumplir a diario con la rutina laboral cuando alguien no lleva dinero a su casa desde el mes de julio. Pero Rocío Lisalde, una de las tres administrativas, tiene que seguir poniéndole al mal tiempo buena cara y atendiendo el teléfono sin que se le note mucho su desazón; Valentín Parra, uno de los tres barrenderos del pueblo, sigue barriendo las calles y recibiendo la compasión (y a veces la incomprensión) de sus vecinos; Enrique Ricoy, uno de los dos policías locales, no puede esconder la libreta de las multas aunque sea a otros a los que le gustaría multar; o Juan Cerro, el jardinero, no puede dejar que las plantas se marchiten porque le costó mucho conseguir este empleo. Y es que, aunque a más de uno le ha entrado ganas de hacer huelga de brazos caídos, todos proclaman su profesionalidad ante las adversidades. "No hay nadie de baja, que quede claro", enfatiza Isabel Millán, otra de las administrativas. Eso sí, casi todos han interpuesto denuncia ante la Magistratura de Trabajo para reclamar sus salarios.

Unos 70 operarios del PER tampoco han cobrado desde el pasado verano

Con apenas 2.100 habitantes, Orcera ha dilapidado todo el potencial que lo convirtió en capital de la comarca más extensa del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. En el siglo XVIII fue Provincia Marítima de la Sierra de Segura y aquí se redactaron las Ordenanzas del Común que regulaban su enorme riqueza forestal. Pero, hoy, Orcera es un pueblo sin más recursos que la agricultura y los subsidios sociales, y que en los últimos años ha vuelto a sufrir los azotes de la emigración. Así las cosas, ser funcionario municipal debería ser un privilegio en el mundo rural, aunque en Orcera sea más bien lo contrario.

"Con menos de mil euros al mes, con dos hijos a mi cargo y pagando un alquiler sería imposible llegar a fin de mes si no fuera por la ayuda de la familia", comenta Isabel, con más de 15 años de antigüedad en el Ayuntamiento. Miguel González, el aparejador, gana un poco más pero también tiene que refugiarse en la familia para seguir tirando. "Bueno, y que soy soltero", aclara. Varios empleados tienen abiertas libretas donde se les fía en los comercios locales y otros han tenido que entramparse pidiendo préstamos a los bancos. Menos mal, como apunta Jesús Cano, el maestro de obras, que las matanzas -el tradicional método de sacrificio de cerdos para elaborar jamones y embutidos- "salva muchas economías domésticas".

Igual que los empleados se encuentran los 72 operarios que han trabajado, por quincenas, en obras del antiguamente conocido como Plan de Empleo Rural (PER) y de otros programas provinciales. Más fortuna tienen las veinte trabajadoras de la residencia de mayores, que pueden cobrar gracias a los fondos de la Junta de Andaluucía y la aportación de los internos. Tampoco cobran ni el alcalde (1.600 euros mensuales) ni las dos concejales con dedicación a media jornada (850 euros), todos ellos del PP, que gobierna el municipio gracias al pacto suscrito al principio del mandato con el único edil de IU, que ocupó la alcaldía el primer año.

El grupo socialista ha censurado que, con la que está cayendo, el alcalde, Gregorio Linares, se haya subido el sueldo un 30%. Pero el regidor municipal se defiende: "Lo que he hecho ha sido ponerme el mismo sueldo que tenía el anterior alcalde", dice Linares. Tras una denuncia del alcalde, la Guardia Civil está investigando facturas supuestamente infladas a proveedores del gobierno socialista.

Linares negoció ayer en Jaén una ayuda de la Junta de 86.000 euros que, con otros 200.000 procedentes de la Agencia del Agua y la Diputación, "resolverán el problema en 15 días". Otro asunto será la deuda de cuatro millones con la Seguridad Social y con proveedores. Además, el Ayuntamiento tiene embargados los fondos del Plan E (367.000 euros) y, por si fuera poco, varios edificios municipales, como la plaza de abastos o la biblioteca, se quedaron hace poco sin luz por impago de la factura eléctrica. Ayer no funcionaban ni los semáforos.