El PP acepta publicar los bienes de los diputados y otros cargos públicos

Los populares aceptan publicar las declaraciones de bienes de los diputados y de los altos cargos "en la línea del pacto por la transparencia que propuso Mariano Rajoy este fin de semana pasado", anunció ayer Rafael Blasco, portavoz del Grupo Popular en las Cortes y consejero de Solidaridad y Ciudadanía. Un día después de que los socialistas presentaran una proposición no de ley para que las Cortes hagan públicas las declaraciones de los diputados e instaran al Consell a hacer lo mismo con los consejeros y altos cargos, el PP presentó una proposición para reformar el Reglamento de las Cortes y que el registro de declaraciones sobre actividades y bienes tenga carácter público.

No fue la única iniciativa de la que se habló al término de una breve junta de portavoces. El líder del Bloc Nacionalista Valencià, Enric Morera, propuso en nombre de Compromís pel País Valencià la celebración de un pleno extraordinario para debatir y adoptar medidas de transparencia y contra la corrupción. Morera puso el acento en la modificación de una legislación urbanística "que ha cedido competencias públicas a agentes urbanizadores privados y ha permitido que se acumulen inmensas fortunas a costa de nuestro territorio". En ese contexto, aludió a la detención del actual alcalde de Polop por el asesinato de su predecesor como un ejemplo del extremo al que ha llegado la corrupción relacionada con los intereses urbanísticos. "Sería bueno acabar el año con una perspectiva de regeneración democrática", dijo el diputado de Compromís, que no descartó la posibilidad de que el pleno pueda celebrarse aún en este periodo de sesiones.

Blasco dice que nadie va a ganar al Consell y al PP en transparencia

Luna asegura que, más que debatir, lo que hay que hacer es cumplir las leyes

Un optimismo, el de Morera, que se fundamentaba ayer en la disposición abiertamente manifestada por el PP de "ponerse a la vanguardia o a la cabeza" de la lucha contra la corrupción. "Nadie le va a ganar en esto al Consell, ni al Grupo Popular ni al PP", dijo Rafael Blasco, quien aventuró que la declaración pública de los bienes de los diputados puede haberse aprobado antes de que acabe el año y hacerse realidad sólo 15 días después, el mismo mes de enero. En ese punto, arremetió contra lo que consideró la "retórica" o la "demagogia" de los socialistas, que han propuesto varias veces la publicación de las declaraciones de los diputados sin acompañar su petición de una reforma del Reglamento de las Cortes que resulta imprescindible

Blasco fue más cauto a la hora de enfocar el pleno propuesto por el grupo de Compromís y puntualizó que los grupos tendrán que mantener contactos para hablar del contenido de esa hipotética reunión plenaria. "Queremos hablar de todo lo que pueda dotar de más transparencia la vida pública, pero no estamos por la improvisación, ni por lanzar propuestas que confundan a la opinión pública", matizó.

Por su parte, el socialista Ángel Luna -que ha enviado una petición al Tribunal de Cuentas en la que solicita que adopte medidas por lo que considera una invasión de las competencias del organismo por parte del PP al intentar abrir una comisión de investigación sobre las cuentas de los partidos políticos rechazada por su grupo- señaló que, en la junta de portavoces, el pleno propuesto por Morera tuvo "presumiblemente buena acogida". Hacía referencia, así, a las dudas que le suscitaba la actitud del PP. Luna añadió: "Siempre estaremos dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas en una comunidad autónoma como la nuestra, que está tan necesitada de ellas". Acto seguido, mostró su escepticismo sobre la voluntad del PP de llevar adelante las 50 medidas propuestas por Rajoy. "Aquí hay poco que debatir", explicó. "Lo que han de hacer es cumplir las leyes". El portavoz socialista señaló aspectos concretos como facilitar los contratos que reclama la oposición, no ampararse en cláusulas de confidencialidad y que el presidente acuda a las sesiones de control a contestar de verdad a lo que le preguntan los grupos.

"La sentencia de mayo de este año del Tribunal Constitucional sobre los derechos de los parlamentarios", recordó Ángel Luna, "tiene poco que debatir y sigue sin aplicarse". "Primum vivere deinde philosophare" ("primero vivir y luego filosofar"), sentenció el portavoz socialista.