Los dueños de las casas ilegales del Almanzora piden celeridad a la Junta

"Muchos de nosotros habremos muerto antes de que la situación de nuestras casas se solucione", sostiene Mike Phillips, dueño de uno de los 5.000 inmuebles fuera de ordenación que se contabilizan en el valle del Almanzora, al que pertenece el municipio de Arboleas. Su Ayuntamiento fue registrado esta semana por orden de un juez en busca de indicios de delitos urbanísticos.

Tras veranear varias veces en España, este ingeniero inglés jubilado decidió cumplir su sueño de vivir junto a la costa, e invirtió "los ahorros de una vida", unos 200.000 euros, en la adquisición de una vivienda en Albox, localidad a la que se trasladó junto a su mujer hace cinco años.

El idílico proyecto ideado por este matrimonio se convirtió en un espejismo en tan solo unos meses, cuando el empresario que le vendió su casa, bajo la promesa de que todo era legal, sencillamente desapareció al descubrirse el engaño. "No hemos podido disfrutar ni un solo día de nuestro retiro desde entonces", lamenta Phillips, quien ocupa la vicepresidencia de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No, colectivo que aglutina a 400 de los miles de ciudadanos británicos que también se han visto afectados por la fiebre urbanizadora que se ha extendido en esta década por esta apartada y tranquila comarca.

Vivienda intenta ordenar el 95% de los más de 5.000 inmuebles

Las denuncias por la supuesta construcción ilegal de viviendas en zonas no urbanizables de distintos municipios de la zona -entre ellos Albox, Partaloa, Arboleas o Zurgena- comenzaron a proliferar hace tres años. El alcalde de Zurgena y concejal de Urbanismo, ambos del Partido Andalucista, fueron detenidos por presunta corrupción urbanística en abril de 2008.

El colectivo británico, que calcula que los juzgados de Huércal-Overa investigan en estos momentos la situación de hasta 2.000 inmuebles, comenzó entonces a organizarse, remitiendo sus quejas al Parlamento Europeo y movilizándose para exigir soluciones a un desorden urbanístico que, además, ha condenado a cientos de vecinos a vivir sin luz o agua. Como les ocurre a Charles y Geraldine Day, un matrimonio afincado en una zona rústica de Albox, que considera que sus "derechos más básicos" están siendo "pisoteados" desde su traslado a Almería en 2006.

Para tratar de paliar esta situación, que se hizo especialmente compleja tras el derribo en enero de 2008 de la vivienda de una pareja británica domiciliada en Vera, en septiembre de ese mismo año la Junta y los ayuntamientos de Zurgena, Albox, Cantoria, Arboleas, Partaloa, Albanchez y Lubrín acordaron colaborar en la elaboración de planes de inspección que permitieran detectar la cantidad de viviendas irregulares y la situación exacta de cada una de ellas.

Esta iniciativa, aún inconclusa, permitirá -según las primeras estimaciones del delegado de Vivienda y Ordenación, Juan Caparrós- ordenar el 95% de estos inmuebles, lo que no ha evitado el recelo de la comunidad británica. Ésta ve aún muy lejana la solución a las viviendas edificadas en la zona al margen de la legalidad, que tanto los propietarios como Ecologistas en Acción cifran en más de 10.000. La justicia sigue su curso, con múltiples diligencias abiertas para determinar los delitos urbanísticos que se han cometido en la zona.